Según el NYT, el Gobierno surcoreano tiene una plantilla de contrato para el K-pop que garantiza el derecho a la educación y a la salud física y mental, y los contratos del grupo eliminaban esa redacción. El diario también señala que prohibían a las artistas difundir hechos «verdaderos o falsos» que pudieran dañar la reputación de la agencia. El periódico añade que los correos a los que tuvo acceso muestran que las condiciones eran, en la práctica, poco negociables.

Las condiciones económicas, según el diario, son bastante habituales en el K-pop: tras descontar gastos, el grupo recibe en torno a la mitad de lo que generan conciertos, publicidad y colaboraciones con marcas, y una parte menor de las ventas y el streaming. Lo que llama la atención es la salida. La penalización se calcula con la facturación media mensual de los dos últimos años, contando solo los meses con ingresos, multiplicada por los meses que quedan de contrato, un método que, según los abogados consultados, puede inflar la cifra.

El NYT añade que, cuando los contratos venzan en 2029, ADOR podrá seguir usando y licenciando el nombre, la imagen y la voz de las integrantes, incluso en clones de voz o chatbots generados con IA, y seguir vendiendo y reeditando su música con pagos más bajos para ellas. HYBE responde, según recoge Music Business Worldwide, que los contratos protegen los derechos de imagen de las artistas y que cualquier uso de contenido generado con IA requiere el consentimiento individual de cada una.

«Este contrato es inusualmente agresivo»Roh Jong-eon, abogado especializado en entretenimiento en Seúl

«Este contrato es inusualmente agresivo. Restringe la libertad de los artistas hasta un punto que rara vez se ve», dijo al NYT Roh Jong-eon, abogado especializado en entretenimiento en Seúl que revisó los documentos para el diario. En su respuesta del 6 de noviembre, HYBE y ADOR sostienen que los contratos se negociaron con las familias y sus abogados entre el primer borrador, del 7 de enero de 2022, y la firma, en abril, y que el Tribunal Superior de Seúl reconoció que hubo «discusiones suficientes» entre las partes.

HYBE añade que la plantilla del Gobierno no es vinculante, que todas sus agencias firman con sus aprendices menores de edad el acuerdo complementario oficial que protege el sueño, la educación y el descanso, y que su fórmula de penalización equivale a la oficial. También atribuye la negociación a Min Hee-jin, entonces consejera delegada de ADOR. Los representantes de Min lo niegan: según el Korea Herald, sostienen que fue el equipo jurídico de HYBE el que redactó y revisó los contratos, porque ADOR no tenía departamento legal propio.

El 9 de noviembre se sumó la Korea Popmusic Industry Association (KPIA), la patronal que agrupa a HYBE, JYP, SM y YG, que calificó el reportaje de «unilateral y sesgado», según CMU. La asociación defiende que el sistema de formación de artistas no debe juzgarse «solo desde una óptica occidental». «Los derechos de los artistas menores deben protegerse. Al mismo tiempo, deben salvaguardarse las inversiones legítimas y los derechos contractuales de las agencias», añade.

El caso sigue en los tribunales. ADOR rescindió en diciembre de 2025 el contrato de Danielle Marsh y le reclama unos 33.100 millones de wones (alrededor de 25 millones de dólares), rebajados desde los 43.100 millones iniciales, a ella, a un familiar y a Min, según MBW. La mayor parte corresponde a la penalización de salida, según el NYT. La agencia sostiene que la artista habría incumplido el contrato. Su abogado, Jung Jong-chae, ha presentado una queja ante la Comisión de Comercio Justo de Corea (KFTC), que, según él, estaría investigando a HYBE y ADOR desde el 4 de junio.

Con Min hay además fechas próximas: el Tribunal Superior de Seúl celebrará el 9 de diciembre la primera vista sobre los cerca de 25.500 millones de wones que un juzgado ordenó a HYBE pagarle por su opción de venta, y el 17 de diciembre la de la demanda con la que HYBE busca que se confirme la rescisión de su pacto de accionistas. Para HYBE, que exporta su modelo con apuestas como el sello DOCEMIL Music en América Latina, la incógnita es si el sistema de aprendices y contratos largos resistirá la presión regulatoria y la mirada internacional.

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