Con cinco años de experiencia previa en España en la firma Zaldua Etxebarria, Alicia ha trabajado junto a artistas y atletas de gran relevancia. Desde su incorporación a WK Entertainment, su enfoque ha estado en ofrecer asesoría legal para la gestión de talento en una variedad de clientes, incluyendo a Wisin, Emilia, Maluma, Los Esquivel, y Prince Royce. Recientemente, colaboró en la firma del artista Lasso y participó en la negociación de acuerdos de distribución con Sony Latin, entre otros proyectos.

Alicia se especializa en asesorar en la renegociación de contratos discográficos, acuerdos editoriales, licencias y contratos de contratación, integrando los valores y la filosofía de WK Entertainment en sus negociaciones. Su trabajo incluye la colaboración con artistas, managers y sellos independientes asociados a la compañía, como Royalty Records de Maluma y La Base de Wisin, distribuidos a través de WK Records.

Además, ha trabajado en la negociación de licencias de sincronización para Carlos Vives, nombrado Persona del Año en los Latin Grammy 2024, demostrando su capacidad para gestionar acuerdos complejos en la industria. Como miembro de Women in Music, Alicia apoya activamente el desarrollo de las mujeres en roles ejecutivos en el sector musical, promoviendo la equidad y la diversidad.

Entre sus principales logros se incluyen su colaboración en la gira mundial Motomami de Rosalía y acuerdos de patrocinio para deportistas como Luis Suárez, Xabi Alonso y Toni Kroos.

A futuro, Alicia planea continuar expandiendo su carrera y brindar apoyo a la próxima generación de mujeres en la industria musical, afianzando su rol en el ámbito legal del entretenimiento.

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La DMA se diseñó para garantizar que gigantes tecnológicos como Apple, Alphabet y Meta operen de manera justa y no restrinjan la competencia en el mercado digital europeo. Una de las reglas clave es que Apple y Alphabet deben permitir a los desarrolladores de aplicaciones informar a los usuarios sobre opciones de pago externas a las aplicaciones. Este aspecto ha sido un punto central de controversia, impulsado en gran medida por campañas de empresas como Spotify.

Según fuentes citadas por el Financial Times, las primeras conclusiones de la Comisión Europea indican que Apple no ha cumplido con esta regla. La respuesta de Apple a estas conclusiones es crucial; la empresa necesita proponer cambios adicionales en sus políticas para satisfacer al regulador. De lo contrario, podría enfrentarse a multas significativas. Si se descubre que Apple no cumple con la DMA, podría enfrentar multas diarias de hasta el 5% de su facturación diaria promedio mundial, una cifra que actualmente supera los mil millones de dólares, es decir las multas diarias superarían los $50 millones.

Estas nuevas sanciones serían adicionales a la multa histórica ya impuesta de €1.800 millones por la Comisión Europea a Apple, debido a lo que ha descrito como «abusos de posición dominante» en el mercado de distribución de aplicaciones de streaming de música para dispositivos iOS. Esta sanción, para la que Apple ya ha presentado su apelación, marca la tercera multa más grande jamás impuesta por la UE en relación con violaciones a la ley de competencia.

Apple afirma que ha cumplido con las nuevas obligaciones de la DMA mediante la implementación de un sistema que permite señalar opciones de pago alternativas dentro de las aplicaciones de iOS. Sin embargo, este nuevo sistema tiene un inconveniente: los desarrolladores de aplicaciones deben acordar pagar una comisión por cualquier transacción que comience en una aplicación de iOS, una comisión solo un 3% menor que la tarifa que Apple cobra por las compras dentro de la aplicación.

Spotify sostiene que esta nueva comisión significa que Apple no cumple con las demandas de los reguladores de competencia de la UE ni con la DMA. En abril, Dustee Jenkins, director de Asuntos Públicos de Spotify, declaró que al cobrar a los desarrolladores por comunicarse con los consumidores a través de enlaces en la aplicación, Apple sigue violando la ley europea. Jenkins instó a la Comisión Europea a hacer cumplir la ley para que los consumidores puedan ver beneficios reales y positivos.

Queda por ver si Apple puede convencer a los reguladores europeos de que cumple con la ley mientras sigue cobrando tarifas a los desarrolladores de aplicaciones. Se espera un anuncio de la Comisión sobre este asunto en las próximas semanas, aunque podría retrasarse dependiendo de la respuesta de Apple. Esta situación podría marcar un punto de inflexión en cómo operan las grandes empresas tecnológicas en el mercado digital europeo.

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El abogado de Madonna y Live Nation, Jeff Warshafsky, ha afirmado que aunque no están «necesariamente en contra de un acuerdo si se pueden alcanzar ciertos términos», la declaración judicial que sugería que ya se había llegado a uno era incorrecta. Warshafsky enfatizó que su cliente y Live Nation «no serán acosados para llegar a un acuerdo» y no tolerarán «declaraciones falsas» presentadas ante el tribunal.

Según Warshafsky, esta declaración falsa es parte de una estrategia de acoso llevada a cabo por los abogados de los fanáticos con la intención de extorsionar un acuerdo lucrativo. Afirma que la táctica incluye forzar a Madonna y Live Nation a incurrir en honorarios legales innecesarios.

Los demandantes Michael Fellows y Jonathan Hadden demandaron a Madonna en enero debido a conciertos en Nueva York en diciembre pasado. Alegaron que el concierto estaba programado para comenzar a las 8:30 pm, pero Madonna no apareció en el escenario hasta después de las 10:30 pm. Como resultado, el concierto terminó pasada la medianoche, y Fellows y Hadden enfrentaron limitaciones en el transporte público, opciones limitadas de viajes compartidos y mayores costos de transporte.

Esta no es la única demanda presentada este año contra Madonna por su falta de puntualidad. En abril, tres fanáticos que asistieron a un concierto en Washington DC en diciembre pasado también presentaron una demanda, seguida de otra el mes pasado en relación con un concierto en Inglewood, California. Esta última demanda también incluía quejas sobre el contenido sexualizado del espectáculo.

Las demandas acusan a Madonna y a Live Nation de incumplimiento de contrato, publicidad engañosa y representación negligente. Los abogados de Madonna y Live Nation han respondido enérgicamente, argumentando que es común en los conciertos de pop que el acto principal no suba al escenario a la hora anunciada.

En una reciente presentación legal, Madonna y Live Nation sostuvieron que cualquier fan familiarizado con los conciertos de Madonna «sabrá que típicamente sube al escenario mucho después de la hora anunciada y toca hasta tarde en la noche».

El motivo por el cual los abogados de Fellows y Hadden creyeron que se había alcanzado un acuerdo no está claro. Warshafsky explicó que se discutió un posible acuerdo en mayo, pero el 4 de junio informó a la otra parte que no propondrían ningún acuerdo por escrito en ese momento.

El 6 de junio, los abogados de Fellows y Hadden enviaron un acuerdo de conciliación para su aprobación, y antes de que Warshafsky pudiera cuestionar el documento, este se presentó al tribunal como un aviso de acuerdo. Warshafsky expresó su desconcierto sobre las intenciones de los abogados de la otra parte con el aviso falso, sugiriendo que podría ser una táctica para ganar tiempo en su respuesta a la moción de Madonna y Live Nation para desestimar el caso.

En respuesta a la carta de Warshafsky, el juez del caso rechazó el aviso de acuerdo. Fellows y Hadden ahora tienen hasta el 1 de julio para responder a las objeciones de Madonna y Live Nation a su demanda.

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La jueza Yvonne Gonzalez Rogers, que preside el caso de Apple vs el creador de Fortnite, Epic Games, reprendió duramente a los abogados de Apple durante una reciente audiencia. La crítica de la jueza se centró en la interpretación de Apple sobre su solicitud de «cualquier nota» relevante para la disputa en curso. Según la jueza, Apple malinterpretó deliberadamente su solicitud al proporcionar solo una selección limitada de notas en lugar de todas las notas relevantes. Este malentendido se produjo en el contexto de la orden judicial anterior de la jueza, que obligaba a Apple a permitir a los desarrolladores de aplicaciones señalar opciones de pago alternativas dentro de sus aplicaciones iOS.

La orden judicial buscaba dar a los desarrolladores la libertad de redirigir a los usuarios a realizar pagos fuera del sistema de transacciones de Apple, que impone una comisión del 30%. Aunque Apple ha permitido esta señalización en Estados Unidos, sigue exigiendo una comisión del 27% sobre cualquier transacción que comience en una aplicación, incluso si el pago se realiza fuera de su plataforma. Epic Games argumenta que esta insistencia en cobrar una comisión del 27% contraviene tanto «la letra como el espíritu» de la orden judicial de Gonzalez Rogers.

Esta maniobra de Apple es similar a la que ha aplicado en la Unión Europea, en donde se enfrenta a la obligación de permitir la instalación lateral y los pagos no relacionados con Apple en sus dispositivos a partir del 1 de marzo, gracias a la recién aprobada Ley de Mercados Digitales (DMA).

Ante esto, Apple ha introducido «nuevos términos comerciales» para los desarrolladores, aparentemente ofreciendo una alternativa: una reducción de comisiones del 30% al 17%, o al 10% después del primer año. Pero a su vez implementando una tarifa de 0,50 euros por cada primera instalación anual por usuario sobre un umbral de 1 millón, imponiendo un costo perpetuo a los desarrolladores con aplicaciones populares. Simplemente pareciera que Apple no está dispuesto a perder bajo ninguna circumstancia.

Por partida doble

Simultáneamente, Apple enfrenta una demanda antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El DOJ acusa a Apple de prácticas que violan las leyes de competencia en relación con las reglas de su App Store. En respuesta a la solicitud de Apple para desestimar el caso, el DOJ argumentó que los intentos de Apple «pasan por alto hechos bien argumentados» y «distorsionan la ley». Según el DOJ, la conducta de Apple es claramente ilegal bajo los principios antimonopolio.

Los abogados de Apple, en su comunicación con la corte, han señalado que la demanda del DOJ se encuentra «muy lejos de los límites exteriores de la ley antimonopolio». A pesar de esto, el DOJ mantiene que las acciones de Apple constituyen una infracción significativa de la ley de competencia, argumentando que la moción de desestimación de Apple debería ser rechazada.

Este doble embate legal coloca a Apple en una posición complicada, enfrentando presiones tanto de Epic Games como del gobierno federal. La resolución de estos casos podría tener implicaciones significativas no solo para Apple, sino también para el futuro de las políticas de la App Store y la regulación antimonopolio en la industria tecnológica. Mientras tanto, los abogados de Apple deben prepararse para defender sus prácticas comerciales ante una jueza crítica y un gobierno decidido a reforzar las leyes de competencia.

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La demanda del DOJ alega que Live Nation y Ticketmaster han utilizado una serie de tácticas para eliminar la competencia y monopolizar los mercados, incluyendo la adquisición de competidores, la restricción del acceso de artistas a recintos, y la implementación de contratos exclusivos que bloquean a los recintos de usar múltiples empresas de venta de entradas. Además, la demanda acusa a la empresa de explotar su relación con el gigante de recintos Oak View Group (OVG).

La reacción del mercado fue inmediata, con una caída en el precio de las acciones de Live Nation tras el anuncio del DOJ. Sin embargo, el precio se estabilizó posteriormente. En una llamada con inversores, Joe Berchtold, presidente y director financiero de Live Nation, expresó su sorpresa por la falta de resolución con el DOJ antes de la presentación del caso en el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York. Berchtold señaló que no veía los problemas planteados por el DOJ como estructurales o fundamentales para la naturaleza de la empresa, sino como prácticas comerciales discretas que esperaban resolver sin necesidad de una separación.

Una de las principales áreas de desacuerdo entre Live Nation y el DOJ radica en la definición de competencia en el mercado. Berchtold argumentó que la competencia debe centrarse en la promoción con el artista como consumidor, donde los artistas negocian con múltiples postores para obtener los mejores servicios. En contraste, el DOJ se enfoca en responsabilizar a la empresa por las tarifas de servicio y los precios de las entradas, a pesar de que estos no son determinados unilateralmente por Live Nation.

Dan Wall, con más de 12 años como asesor clave de la empresa antes de unirse oficialmente el año pasado, aludió a la declaración del fiscal general de los EEUU, Merrick Garland, sobre la necesidad de separar Live Nation y Ticketmaster. Wall argumentó que las preocupaciones actuales ya habían sido consideradas por la administración de Obama hace 15 años y cubiertas por un decreto de consentimiento. Según él, no hay una base sólida para la separación propuesta, y sugirió que la intención detrás de la demanda era obtener grandes titulares.

Además, Wall criticó la demanda del DOJ de un juicio con jurado, considerándolo un «truco» para evitar el escrutinio judicial. Argumentó que históricamente, los casos antimonopolio han sido juzgados por jueces, y que buscar un juicio con jurado envía un mensaje incorrecto al juez encargado del caso.

En cuanto al plazo del caso, Wall indicó que Live Nation se compromete a acelerar el proceso, esperando llevar el caso a juicio en un año o un año y medio. También abordó la incertidumbre de cómo un posible cambio de administración en los EEUU, con Donald Trump regresando a la Casa Blanca, podría influir en la demanda, destacando que el futuro dependerá en gran medida de los nombramientos específicos en puestos clave.

El DOJ también ha cuestionado la relación entre Live Nation y OVG, sugiriendo que han evitado competir entre sí y han consolidado la dominancia de Live Nation. Wall respondió que OVG es una empresa de gestión de recintos y no un promotor de conciertos, y que sus acciones son consistentes con las de otras grandes arenas y estadios.

Finalmente, un artículo de Variety plantea la cuestión de si la separación de Live Nation y Ticketmaster mejoraría la experiencia de los asistentes a conciertos. Jem Aswad, autor del artículo, concluye que, a corto plazo, la respuesta es negativa. Las principales quejas de los fans, como las tarifas de servicio, los largos tiempos de espera y los bots que compran entradas, no están directamente relacionadas con la demanda del DOJ.

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La última demanda resuelta involucra a la familia de Ezra Blount, un niño de nueve años que falleció en la avalancha mortal ocurrida durante el set del fundador del festival, Travis Scott. El abogado de la familia Blount, Alex Hilliard, confirmó el acuerdo, destacando que las partes involucradas cooperarán en el futuro para honrar el legado de Ezra y mejorar la seguridad en los conciertos.

Además de Live Nation y Travis Scott, varias otras entidades fueron demandadas tras la tragedia de Astroworld. Las demandas, presentadas por las familias de los diez fallecidos y por miles de heridos, alegaban que fallos en la organización y en el manejo del evento contribuyeron a los problemas de control de la multitud que resultaron en la fatal avalancha.

Resolver estas demandas ha sido una prioridad para los abogados de Live Nation. Los dos primeros acuerdos se confirmaron en octubre de 2022. Posteriormente, en una presentación ante la SEC a principios de este año, la compañía informó que seis de los casos ya se habían resuelto. Uno de los cuatro casos restantes, el de la familia de Madison Dubiski, estaba programado para ir a juicio a principios de este mes, pero se retrasó debido a una disputa legal con Apple, que transmitió en vivo el set de Travis Scott.

Antes de que se fijara una nueva fecha de juicio, se anunció que se habían alcanzado más acuerdos, incluyendo con la familia Dubiski. Esto centró la atención en la demanda de la familia Blount, que estaba programada para llegar a juicio en septiembre. Sin embargo, ahora que se ha resuelto, el juicio no será necesario.

Con todas las demandas por muerte injusta resueltas, quedan pendientes las reclamaciones por lesiones, de las cuales se reporta que alrededor de 2400 aún están en proceso. Los abogados de estas demandas han indicado que estaban preparados para llevar un grupo de casos a juicio a finales de este año aún si se resolvía la demanda por muerte injusta de Blount.

Live Nation ha estado proporcionando actualizaciones a los inversores sobre el litigio de Astroworld en sus presentaciones ante la SEC, incluyendo estimaciones de los posibles costos que no están cubiertos por el seguro de la compañía. En su informe más reciente del 2 de mayo, correspondiente al primer trimestre de 2024, Live Nation reconoció $186 millones en pérdidas probables dentro de sus gastos administrativos.

No obstante, la compañía advirtió que estas estimaciones podrían ser inexactas y que eventos imprevistos podrían requerir ajustes adicionales en el futuro. El monto de la responsabilidad adicional, si la hubiera, no puede estimarse con precisión en este momento.

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La carta de la NMPA, firmada por la vicepresidenta ejecutiva y consejera general Danielle Aguirre, subraya que Spotify «parece estar… alojando obras musicales no autorizadas en sus letras, videos y podcasts, y distribuyendo reproducciones no autorizadas, sincronizaciones, exhibiciones y usos derivados de estas obras musicales a sus usuarios». La NMPA exige la eliminación de todo contenido no autorizado o enfrentará acciones legales por violación de derechos de autor.

La respuesta de Spotify no se hizo esperar. Un portavoz de la empresa calificó la carta de la NMPA como «una estratagema publicitaria llena de afirmaciones falsas y engañosas». Según Spotify, la amenaza legal es un intento de desviar la atención de la actual disputa con las editoriales por la combinación en paquetes, que permite a la plataforma hacer pagos reducidos en regalías a los compositores.

Este cambio, según la NMPA, ha resultado en que editoriales y compositores reciban regalías mecánicas más bajas. David Israelite, jefe de la NMPA, afirmó que esta situación «probablemente terminará en un conflicto legal».

La NMPA ha estado activa en su campaña contra las regalías mecánicas reducidas para los ‘paquetes’ de Spotify. Aunque esta campaña es técnicamente independiente de la advertencia legal sobre el uso no autorizado de letras, videos y podcasts, ambos temas están interconectados en el trasfondo del conflicto.

Spotify sostiene que es una plataforma para contenido con licencia y que tiene procesos claros para que los titulares de derechos reporten cualquier contenido no autorizado. Según la compañía, en 2023 pagaron una cantidad récord para beneficiar a los compositores y planean superar esta cifra en 2024. En su informe Loud and Clear, Spotify informó haber pagado casi $4 mil millones a nivel mundial a los titulares de derechos editoriales en los últimos dos años. Además, en 2023, distribuyó $9 mil millones a compañías discográficas, editoriales de música, distribuidores independientes, organizaciones de derechos de interpretación y sociedades de gestión colectiva.

La controversia ha captado la atención de la comunidad musical. La sección de Compositores y Autores de la Academia de Grabación expresó su apoyo a la NMPA y a sus miembros, afirmando que «los compositores proporcionan la base de la música que amamos, y siempre deben ser pagados justamente». La Academia destacó que el acuerdo alcanzado en 2022 fue un paso positivo hacia la cooperación entre plataformas digitales y editoriales, pero lamentó que Spotify ahora parezca centrarse en recortar costos a expensas de los compositores.

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