Nuestra compañera de Billboard, Judy Cantor-Navas, publica hoy un interesante artículo acerca un paso más en la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos relacionadas con la industria de la música.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado que permitirá a los promotores estadounidenses que se puedan beneficiar si producen algún tipo de evento de música en Cuba.

Anteriormente, los estadounidenses también podían realizar en la isla eventos musicales, pero si el evento generaba beneficios, éstos debían ser donados a una organización independiente, no gubernamental de Cuba, o bien a entidad de caridad en EE.UU. A partir de ahora, el promotor podrá quedarse con el beneficio del evento musical.

Las regulaciones estadounidenses aún requieren que los promotores de conciertos y otras actividades culturales aseguraren el acceso del público cubano, bien de forma gratuita o bien a precio en pesos cubanos, que los ciudadanos cubanos pueden pagar. Los organizadores podrán cobrar comisiones a extranjeros y no residentes de la isla en dólares, ya sea a través de la propia venta de entradas o a través de la incorporación de honorarios en paquetes de viajes.

Entre los nuevo cambios también está el de permitir a los artistas estadounidenses viajar a Cuba con más libertad al eliminar la necesidad de solicitar una licencia especial. Todos estos cambios no afectan a que el gobierno de Cuba pueda imponer su regulación a la realización de eventos de música.

Precisamente, en el mes de mayo, se realizará Musicabana, el primer festival internacional de música producido en colaboración entre socios de Cuba y Estados Unidos, y que tendrá una antesala el 6 de marzo con la actuación de Major Lazer en La Habana.

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No se han hecho esperar las primeras reacciones del sector de la música, la Asociación de Promotores Musicales (APM) ha lamentado que «el Gobierno renuncie a impulsar la creación de una Ley del Mecenazgo, que el sector cultural considera imprescindible para su desarrollo. En momentos en que el estado no puede llegar a apoyar a nivel económico las actividades culturales es crucial facilitar la inversión privada, y valora como insuficientes las propuestas incluidas en la próxima reforma fiscal.»

La comparativa con el resto de países de nuestro entorno evidencia el déficit en mecenazgo en que vive la cultura en España y sitúa el país a la cola de Europa. Tal como indica la APM en su comunicado «Francia, Italia o el Reino Unido las deducciones fiscales para empresas que invierten en cultura se mueven entre el 60% y el 100%, mientras que la próxima reforma fiscal anunciada por el gobierno sitúa el beneficio sobre el IRPF en un 30% a partir de 2016. Ampliando más la mirada, en lugares como Colombia las deducciones llegan a ser hasta del 125%, favoreciendo así la iniciativa cultural privada».

Recordamos que en el mes de julio la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española, que representa a más de 4.000 empresas del sector, remitió una carta abierta a Rajoy para exigirle una inmediata rectificación de la subida del IVA a la cultura, dándole dos meses al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que incluyera en la reforma fiscal una rebaja del IVA cultural del 21% al 10%. Veremos ahora, pasado el plazo, que medidas tomarán las empresas del sector cultural.

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En vista de esto IFPI Chile lanzó una campaña que busca disminuir la cantidad de descargas ilícitas de música, educando a los usuarios de internet sobre los programas disponibles de descargas legales en el país y los riesgos en que incurren con sus equipos al utilizar programas  P2P,  que dejan además a  disposición de terceros todos sus datos y archivos para que desconocidos puedan hacer uso de ellos.

El organismo estima que más del 70% de los usuarios que tienen en sus computadores programas para bajar música, desconocen el funcionamiento. Este consiste en dejar abierto un puerto del PC en cada usuario, lo que permite a terceros hacer uso de sus archivos sin que se  percaten y que además están participando en una actividad que contraviene las disposiciones de las leyes de propiedad Intelectual o derecho de autor, afectando gravemente los derechos e intereses de los titulares de las producciones musicales, esto es, autores, artistas intérpretes y compañías discográficas.

La modificación de la ley de propiedad intelectual, en el artículo 85U admite hacer un seguimiento a estos actos y permite que el proveedor de servicio de internet (Telefónica, VTR,  Claro, Entel y otros), haga llegar una notificación advirtiendo que se ha detectado que desde su computador, y bajo su IP, se están realizando actividades ilícitas.

Actualmente son alrededor de 7,1 millones los chilenos los que tienen conexión a internet, de los cuales 2,2 millones son fijas y de estas últimas ya se ha notificado más de 3 mil 500  por contravenciones a la ley de propiedad intelectual.

“Lo que pretendemos con las notificaciones, es que el usuario deje de utilizar y elimine los programas P2P de sus computadores y por otra parte, dar a conocer a los destinatarios de las mismas la conveniencia de modificar sus pautas de consumo de música, accediendo a la amplia oferta legal hoy existente en el país, con opciones de descarga y servicios de escucha a la carta, como ya lo hace la mayoría de los usuarios chilenos, explica Richard Godoy, Gerente de IFPI Chile.

Según la IFPI, los sitios autorizados de descarga de música en Chile son los siguientes Batanga; Bazuca, Itunes, Mimix, Movistar, Portaldisc,Youtube, Deezer.

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