Según el propio Ministerio, el texto responde a las «necesidades específicas del sector» y adapta la normativa a una actividad marcada por la intermitencia y la brevedad de muchos contratos, una realidad que hasta ahora chocaba con una legislación laboral pensada para relaciones de trabajo más estables y continuas.

Uno de los ejes centrales de la reforma es el refuerzo de la protección frente a la violencia y el acoso. El Real Decreto obliga a adaptar los protocolos de prevención a la realidad del sector artístico, incorporando principios de celeridad y efectividad en los procedimientos de protección de las víctimas, algo especialmente relevante en un ámbito donde los contratos breves dificultaban históricamente una respuesta institucional rápida. Además, será obligatorio que las empresas cuenten con una persona coordinadora de intimidad en producciones que incluyan escenas o actuaciones de carácter íntimo o sexual, cuya función será garantizar el consentimiento de los participantes y prevenir situaciones de abuso. Cuando intervengan menores de edad, esta figura deberá extremar las medidas de protección.

La norma introduce también, por primera vez en España, una regulación detallada del trabajo artístico de menores de 16 años, con un procedimiento de autorización único para todo el territorio nacional. A partir de ahora, la única modalidad permitida será la relación laboral por cuenta ajena, quedando excluida la actividad en el ámbito privado o familiar, una medida con la que el Gobierno busca evitar abusos y competencia desleal entre comunidades autónomas. El decreto fija además límites de jornada adaptados a las distintas franjas de edad —incluidas las personas de 16 y 17 años en relación con el trabajo nocturno— y un catálogo de derechos orientado a garantizar su desarrollo personal, educativo, social y profesional. La autorización tendrá validez en toda España cuando la actividad se desarrolle en varias comunidades autónomas, e incorpora nuevas figuras como la autorización de prórrogas o los permisos diferenciados para titular y suplente de una misma actividad.

En materia de propiedad intelectual y derechos digitales, el nuevo Estatuto obliga a reflejar de forma expresa y diferenciada en la nómina las cantidades correspondientes a la cesión de derechos de propiedad intelectual cuando estos no sean objeto de gestión colectiva, reforzando la transparencia retributiva que reclamaba el sector desde hace años. La negociación colectiva podrá, además, establecer garantías adicionales para proteger los datos personales y los derechos digitales de los trabajadores.

El texto redefine también qué actividades deben considerarse tiempo efectivo de trabajo —incluyendo preproducción, postproducción o acciones promocionales cuando estén sujetas a la dirección de la empresa— y aproxima el régimen de descansos al de la legislación laboral común. En los contratos de corta duración, las vacaciones no disfrutadas podrán prorratearse económicamente, y las empresas deberán informar por escrito y con antelación suficiente sobre planes de trabajo, ensayos y otras actividades.

Esta reforma no llega de la nada: el primer paquete de medidas del Estatuto del Artista se aprobó en marzo de 2022, tras años de reivindicación desde la Unión de Actores y Actrices y otras entidades del sector cultural, que desde 2015 exigían una regulación específica. Aquel primer decreto creó el contrato laboral artístico, pero el propio sector —a través de federaciones como Es_música— advirtió entonces de que era una norma aprobada con «carácter de urgencia» que dejaba varios elementos pendientes de mejora. El decreto aprobado ahora se apoya en esa base y avanza en los puntos que habían quedado abiertos, aunque no sin polémica: distintos sindicatos han lamentado que la versión final excluyera la protección específica frente a la inteligencia artificial generativa que figuraba en el borrador inicial.

El Gobierno ha anunciado también la creación de varias comisiones técnicas que seguirán trabajando en medidas de formación, recualificación profesional y representatividad de los trabajadores del sector artístico. Para la industria musical, el nuevo Estatuto llega en un momento de plena expansión de giras y festivales en España, y su aplicación práctica —especialmente en lo relativo a menores, transparencia retributiva y protocolos de acoso— será uno de los asuntos que promotoras, sellos y asociaciones profesionales deberán seguir de cerca en los próximos meses.

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Buenas noticias para los menores de edad de la comunidad de Madrid ya que la Comunidad de Madrid va a modificar la Ley de Espectáculos Públicos en el punto en el que prohíbe el acceso de menores de edad a las salas de música. 

Como habíamos comentado anteriormente, en Madrid sucedía algo tan surrealista como que un menor de edad podía acceder libremente a un bar, pero no a una sala de conciertos por el temor a que allí pudiera consumir alcohol.

La modificación se realizará a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas -o Ley de Acompañamiento-, cuyo anteproyecto se aprobará este jueves 12 de noviembre en un Consejo de Gobierno extraordinario, antes de su tramitación parlamentaria en la Asamblea regional.

Programadores, músicos y aficionados llevaban pidiendo desde la creación de tal restrictiva ley, en 2002, un cambio en la norma que se aprobó bajo el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón. Hace un mes, durante el festival Festeen, dirigido a adolescentes, nació el movimiento ¡Queremos entrar!, que buscaba precisamente un cambio en la normativa. El grupo ha tenido un papel muy relevante que además ha podido contar con el apoyo de periodistas como Ángel Carmona, de Radio 3, o de promotores y de abogados, como Patricia Gabeiras, representante de Legal Music y vocal de la junta directiva de la Asociación de Promotores Musicales (APM)

A falta de conocer a fondo la propuesta del equipo de Cifuentes, en el texto de “¡Queremos entrar!” se propone la modificación del artículo 25 de la Ley de Espectáculos, añadiendo una excepción a la prohibición, de forma que los menores accedan a salas cuando haya actuaciones en directo; si tienen menos de 16 años, lo tendrán que hacer acompañados de sus padres o tutores; a los mayores de 16 se les identificará y se tomarán medidas para que no consuman alcohol en las barras. Una vez concluido el concierto, los menores deberían abandonar la sala.

Una vez resuelta la cuestión en Madrid, la intención de “¡Queremos entrar!” es expandir su radio de acción a otras comunidades autónomas como Aragón. Armando Ruah, coordinador de ACCES, la asociación estatal de salas de música en directo, ha comentado para la APM “Es esperanzador que se hayan hecho eco después de tantos años de una situación absurda y poco edificante”, ha considerado, pues “Es mucho más seguro tener a un joven en una sala de conciertos con licencia y llevada por profesionales que tenerlos en la calle haciendo botellón”.

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Como bien explicaba la situación Inma Gras de UFI, “La situación es tan bizarra, que un bar lleno de botellas un menor puede entrar, pero si pones una chica con un ukele entonces los menores ya no pueden entrar. La música es peligrosa” mientras que Xavier Manresa mostraba su frustación “Llevamos 10 años trabajando en ello, y el problema es que es una decisión autonómica y es muy estricta en alguna regiones y hay muy pocas ganas de trabajar… tenemos falta de pensadores en esas élites.  Esta bien que haya normas autonómicas, pero que tengan coherencia“.

Para ello se ha creado #Queremosentrar, un grupo de trabajo creado para defender el acceso de los menores a la música en directo. El objetivo es claro, trabajar con un objetivo común, modificar el art. 25 de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, que prohíbe el acceso y la permanencia de los menores de edad en las salas de conciertos, por el mero hecho de vender alcohol.

¿Que se propone? Garantizar la seguridad de los menores, que los menores de 16 años tengan acceso acompañados de sus padres o tutores legales y que los mayores de 16 años tengan acceso autorizado. En ambos casos, el menor estará siempre identificado y se realizarán las comprobaciones necesarias ante la venta de alcohol en la sala. Un modelo aplicado actualmente en otras comunidades autónomas así como en muchos otros países que funciona de forma correcta y permite el acceso a la cultura a los menores de edad.

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