La CNMC obligaba a fijar una nueva tarifa “equitativa”, tras contrastar este porcentaje con el que se cobra en otros países que son referentes en la industria de la música en directo, especialmente con el caso de Reino Unido (cuya tarifa es del 3%) y Estados Unidos (entre el 0,25% y el 1%).

SGAE recurrió dicha resolución ante la Audiencia Nacional y solicitó que quedara suspendida mientras se resolvía su recurso. APM, la asociación mayoritaria del sector, se opuso a dicha suspensión.

Durante este tiempo, SGAE se ha resistido a cumplir la resolución amparándose en que su solicitud de suspensión estaba pendiente de decisión. Pero el Tribunal Supremo, ha dado la razón a APM y ha rechazado definitivamente la pretensión de SGAE de suspender cautelarmente la resolución de la CNMC, por lo que la citada entidad de gestión de derechos deberá cumplirla inmediatamente sin más dilación.

En ese sentido la APM ha recordado que el convenio suscrito entre SGAE y la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo (ARTE) no cumple ni con la obligación de fijar una nueva tarifa ordenada por la resolución de la CNMC (Según los criterios recogidos en la misma, las nuevas tarifas suscritas con ARTE seguirían siendo prácticamente tan abusivas como las anteriores), ni tampoco con la de negociar una nueva tarifa con los promotores, como fijó la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.

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En un comunicado de la CNMC, Competencia informa de que ha acordado sancionar con 1.579.020 euros a la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE) y con 1.211.400 euros a la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) por abusar de su posición de dominio en la gestión de los derechos de propiedad intelectual.

la CNMC señala como causa de la sanción que AGEDI y AIE «aplicaban tarifas distintas para las emisoras de radio en función de si eran de titularidad pública o privada o si pertenecían o no a la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), la mayor organización de emisoras de radio privadas de España, con más del 80 % de la audiencia.«

Además, ha añadido que las emisoras públicas de la FORTA se «beneficiaban de unas deducciones cuyo diseño y aplicación carecía de objetividad, lo que les daba una ventaja frente al resto de emisoras privadas«.

AGEDI y AIE han desmentido haber «fijado un sistema remuneratorio inequitativo y discriminatorio por la gestión de los derechos de uso de la música por parte de las emisoras de radio», pues, entre muchas otras razones, según ambas entidades dicho sistema se encontraba todavía en fase de negociación cuando la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) lo denunció ante la CNMC.

Y añaden que el Gobierno ha impulsado una Ley de Propiedad Intelectual que establece en su disposición adicional segunda que las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual deberán aplicar tarifas distintas a «aquellos usuarios que tengan encomendada la gestión de servicios públicos de radio y televisión, carezcan de ánimo de lucro y tengan legalmente impuestas obligaciones de fomento de la cultura».

Por ello, consideran que multar por el trato discriminatorio de las emisoras de radio comerciales de propiedad privada respecto de las emisoras de radio de titularidad pública significa «multar por cumplir la ley«.

Ambas entidades recurrirán ante la Audiencia Nacional dicha sanción ya que no cabe recurso alguno en vía administrativa.

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El servicio de streaming Grooveshark se enfrenta ante una complicada situación que es el posible pago por compensación de infracción por derechos de copyright que ascendería en sus máximos a los 736$ millones.

El juez Thomas Griesa presidirá el juicio donde el jurado podrá optar por imponer el máximo legal de 150.000 dólares por daños y perjuicios por cada canción. Como el número de canciones total fue de 4.907, el total ascendería 736$ millones.

Tras la sentencia del pasado mes de septiembre, Sam Tarantino, CEO de Grooveshark decía: «¿Que podemos esperar de Grooveshark? Más allá de lo que suceda en los tribunales, sólo le queda llegar a un acuerdo con las majors, como hizo Napster en su día.»

Ahora toca ver si el servicio de streaming podrá llegar a un acuerdo que pueda rebajar o evitar dicha compensación tal como sugirió en septiembre, de tal forma que pueda seguir adelante la compañía tal como nos contaba Tarantino en exclusiva para IndustriaMusical.es: «Veo un futuro viable y sólido para la empresa”.

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Ahora, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha anunciado que recurrirá la resolución de la CNMC al considerar que se trata de una decisión «inconstitucional y que carece de justificación jurídica«.

«La SGAE desea manifestar su total desacuerdo con los argumentos esgrimidos por este organismo«, ha señalado, tras recordar que uno de los votos particulares emitidos por consejero ya considera que las actuaciones llevadas a cabo por la CNMC en este expediente deben ser declaradas nulas, al carecer su Consejo de facultades resolutorias o de supervisión.

Finalmente ha aclarado que las tarifas aplicadas «se encuentran en la media» de las que se aplican en el resto de países del entorno español, tomando como referencia países tan relevantes en la UE como Francia, Italia o Alemania. «El organismo regulador, sin embargo, llega a la conclusión contraria, sin haber realizado un estudio comparativo en profundidad de las tarifas aplicables en el resto de países de la UE«.

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En particular, la tarifa excesiva del 10% que la sociedad cobra sobre la taquilla de conciertos en concepto de derechos de autor. La resolución, notificada este jueves, impone a SGAE una multa de 3.103.196 €; insta a esta institución a que “cese en su conducta en el plazo de tres meses” y, en el futuro, “se abstenga de cometer prácticas como las sancionadas u otra análogas que puedan obstaculizar la competencia”; y, asimismo, insta a la Dirección de Competencia a vigilar el cumplimiento de la resolución.

La denuncia originaria fue sobreseída por el Servicio de Defensa de la Competencia, dicho sobreseimiento fue ratificado por el Tribunal de Defensa de la Competencia (órgano precedente de la actual Comisión Nacional de la Competencia), cuya resolución fue recurrida por APM ante la Audiencia Nacional, la cual dictó el 6 de abril de 2010 una sentencia que dió la razón a APM y fue ratificada por el Tribunal Supremo.

En aplicación de dicha sentencia, la CNC abrió un nuevo expediente sancionador contra la SGAE en abril de 2013, que se ha resuelto de forma favorable a la APM mediante la resolución antes mencionado.

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