La decisión, adoptada mediante una providencia a la que tuvo acceso el diario, considera que el recurso no justificaba suficientemente el interés casacional necesario para ser admitido a trámite. Con ello queda confirmada la sentencia de la Audiencia Nacional, fechada el 21 de mayo de 2025 según el análisis publicado en Almacén de Derecho, que declaró contraria a derecho la autorización concedida en 2020 por el Ministerio de Cultura, entonces dirigido por José Manuel Rodríguez Uribes.

El litigio lo impulsó Unison Rights, operador de gestión independiente especializado en derechos musicales. La Audiencia reconoció su legitimación para recurrir por su condición de competidor directo de SEDA y estimó su recurso, según informó ABC en julio de 2025. La compañía ya había participado como interesada en el procedimiento de autorización, junto a la SGAE, tal y como recoge la resolución publicada en el BOE el 10 de septiembre de 2020.

El tribunal concluyó que SEDA no cumplía ninguno de los tres requisitos que exige la ley de Propiedad Intelectual para autorizar una entidad de gestión: unos estatutos ajustados a la normativa, una capacidad efectiva para gestionar los derechos y una contribución al interés general en la protección de la propiedad intelectual. Ya en 2020, antes de concederse la licencia, un informe de la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio advertía de deficiencias en los estatutos. Aun así, el ministro autorizó la actividad confiando en que los problemas se corregirían después, un planteamiento que la Audiencia consideró incompatible con el principio de legalidad.

SEDA se constituyó en 2019 como alternativa a la SGAE, con el apoyo de más de dos centenares de autores y varias editoriales musicales, en un momento de fuerte desgaste reputacional de la entidad histórica. Su autorización pretendía abrir a la competencia un mercado dominado por muy pocos operadores, en el que conviven entidades de gestión colectiva como la SGAE o DAMA con operadores independientes como Unison.

Tras la sentencia de la Audiencia, el presidente de SEDA, el músico Patacho Recio, defendió la continuidad de la entidad. «La sentencia no es firme y vamos a seguir operando: recaudando y repartiendo entre nuestros socios», afirmó entonces a ABC. Recio añadió que, si el Supremo confirmaba la anulación, la entidad volvería a pedir la licencia: «Llevamos cinco años funcionando. Hemos demostrado que SEDA es viable y cumple con todos los requisitos legales». En las informaciones publicadas este martes no constan declaraciones de SEDA ni de Unison sobre la decisión del Supremo.

La resolución deja abiertas varias incógnitas prácticas: qué ocurrirá con el repertorio de los autores y editoriales que confiaron su gestión a SEDA, con los contratos firmados con usuarios y con los importes recaudados pendientes de reparto. Ninguna de las fuentes consultadas detalla cómo se ordenará esa transición ni si la entidad ha presentado ya una nueva solicitud ante Cultura.

El caso llega además en un momento de vacío normativo. La Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, que debía supervisar a las entidades de gestión, ha vuelto a quedar parado con la disolución de las Cortes, como explicó IM al analizar las leyes culturales que tumba el adelanto electoral. Mientras tanto, el fallo fija un criterio claro para futuras solicitudes: los requisitos legales deben acreditarse antes de conceder la licencia, no después.

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La controversia se origina debido a que la autorización fue otorgada a pesar de un informe realizado por el subdirector general de Propiedad Intelectual del Ministerio, Carlos Guervós, quien en su informe de 35 páginas rechazaba la concesión de la licencia para la nueva sociedad, informe que estaba también avalado por la directora general de Industrias Cultuales, Adriana Moscoso.

El informe expresa dudas reales sobre la capacidad de SEDA de llevar a cabo una gestión viable como empresa y concluye “no conceder” la autorización porque “SEDA no dispone de los medios materiales idóneos para el cumplimiento de sus fines” y “no favorecería los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual”.

Uno de los puntos principales para la rechazar la concesión de la licencia según el informe de Guervós, es que SEDA delega la ejecución de su negocio principal a una compañía externa (la empresa Rightmos Solutions SL), y su financiación está basada en una alianza no demostrada con sociedades de gestión extranjeras (SACEM de Francia y PRS del Reino Unido). Según el reporte del diario SEDA cuenta con un patrimonio fundacional de 100 Euros y solo cuenta con 18 titulares de derechos que han encargado la gestión de los mismos a la empresa.

El informe también señala la inviabilidad de que SEDA proponga líneas de crédito bancarias como fuente alternativa de financiación, con las obras gestionadas por la empresa como aval, cuando la titularidad de esas obras no le corresponde.

Patacho Recio, socio fundador y cara visible de SEDA, indicó a El País que nunca tuvo acceso al informe y que “la administración nunca podrá denegar una licencia, que la ley permite, en base a las apreciaciones subjetivas de algún funcionario. La resolución de un expediente siempre tiene que ser un hecho objetivo”.

Existen dudas en cuanto a si, entre el 3 de Agosto cuando se entregó el informe al ministro, y el 31 cuando fue otorgada la licencia, SEDA ha podido solventar todas los problemas de viabilidad señalados en el informe, así como se cuestiona la influencia política de algunos miembros fundadores de SEDA en la decisión del ministro.

El ministro por su parte ha defendido su decisión de otorgar la licencia, y señala como hecho curioso que la resolución fue redactada por el mismo Carlos Guervós, autor del informe negativo, según relata ABC.

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