Según el anuncio de la propia Soundtrack, desde el 1 de noviembre su suscripción incluye en Estados Unidos los derechos de ejecución pública de SESAC, junto a los de ASCAP, BMI y GMR, sin coste adicional para los clientes. Hay excepciones que exigen licencias aparte, como las clases de fitness con música o los eventos con entrada. La empresa asegura que el acuerdo añade más de un millón de pistas a su catálogo. SESAC licencia la ejecución pública de más de 1,5 millones de canciones en nombre de más de 15.000 autores, compositores y editoriales afiliados, entre ellos Bob Dylan, Adele o Ariana Grande, según el comunicado recogido por MBW.

El anuncio llega acompañado de un estudio encargado por la propia Soundtrack, que conviene leer como lo que es: datos de una empresa que vende la solución al problema que describe. Según la compañía, la encuesta, realizada a 1.525 responsables de decisión que representan casi 15.000 establecimientos, concluye que el 97 % de los negocios estadounidenses pone música y que el 79 % utiliza para ello servicios de streaming de consumo, cuya licencia solo cubre el uso personal y no comercial.

El mismo estudio sostiene que solo el 19 % de los negocios que ponen música cumple plenamente los requisitos, que apenas el 5 % tiene licencias de las cuatro PRO y que, aun así, el 78 % de los encuestados creía cumplir la normativa. Un 58 % pensaba que era legal usar cuentas personales en su local. A partir de esos datos, Soundtrack calcula que la industria musical estadounidense deja de ingresar unos 1.400 millones de dólares al año. Es una estimación de la empresa: multiplica unos 3 millones de negocios que no cumplirían, sobre un mercado de unos 3,8 millones, por 468 dólares, el coste anual que atribuye a una suscripción de música ambiental con licencia, según detalla MBW.

«Nuestro nuevo acuerdo con SESAC garantiza que Soundtrack pueda ofrecer una ventanilla única»Ola Sars, fundador y consejero delegado de Soundtrack

«Nuestro nuevo acuerdo con SESAC garantiza que Soundtrack pueda ofrecer una ventanilla única, para que los propietarios de negocios en Estados Unidos puedan sentirse seguros al poner música a sus clientes, y para que los creadores y los titulares de derechos sean remunerados de forma justa cuando su música se utiliza para hacer crecer estos negocios», afirmó Ola Sars, fundador y consejero delegado de Soundtrack. Sars añadió que para los propietarios «es casi imposible entender y cumplir los requisitos existentes» y que, según su investigación, la principal causa del problema es «la falta de conocimiento y comprensión, no la mala fe».

La compañía insiste en que, para poner música legalmente a sus clientes, un negocio necesita a la vez una fuente con licencia comercial y las licencias de ejecución pública correspondientes. «Comprar licencias de las PRO no hace que un servicio de streaming de consumo sea apto para la reproducción comercial», advierte Soundtrack. La empresa también compara su estimación con el mercado: según sus cálculos, los 1.400 millones equivaldrían a un aumento de más del 10 % de los ingresos anuales de la música grabada en Estados Unidos, que la RIAA situó en 11.535 millones de dólares en 2025, un 3,1 % más.

Sars fundó Soundtrack en 2013 como una empresa conjunta con Spotify y la independizó en 2018; antes había cofundado Beats Music. En febrero, la compañía compró dos proveedores de música ambiental, el belga y neerlandés Tunify y el británico Ambie. Según la empresa, su servicio se usa en 75 países, con clientes como Uniqlo, Dr. Martens, Four Seasons o TAG Heuer, y su catálogo supera los 150 millones de pistas. SESAC, por su parte, pertenece desde 2017 al fondo Blackstone.

El acuerdo se produce en un momento en que la música que suena en tiendas, restaurantes y hoteles gana peso en el negocio de los derechos: según la CISAC, en 2025 el directo y la música ambiental superaron por primera vez a la televisión y la radio como segunda fuente de recaudación por música. La incógnita es si las cifras de Soundtrack, que proceden de un estudio encargado por la propia empresa y no de datos del sector, convencerán a los negocios de que el streaming de consumo no es una opción legal, y si las entidades acompañarán ese mensaje con más control.

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