El adelanto electoral tumba la ley de IA para los artistas
El adelanto electoral al 29 de noviembre deja sin tramitar las principales normas culturales pendientes, entre ellas el anteproyecto de ley sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en las artes y la ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos. El Estatuto del Artista mantiene su parte laboral, ya publicada en el BOE, pero dos medidas de protección social para autónomos de la cultura quedan en el aire.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 5 de octubre la convocatoria de elecciones generales, formalizada en el Real Decreto 806/2026, que disuelve el Congreso y el Senado. Con la disolución decaen los textos en tramitación. Según El País, la legislatura se cierra sin leyes del ámbito cultural: también cae la Ley del Cine y la Cultura Audiovisual, cuya ponencia acababa de arrancar en la Comisión de Cultura.
El caso de la inteligencia artificial es el que más afecta a la música. El anteproyecto acababa de salir a audiencia pública y era, según El País, el tercer intento del Gobierno en este terreno: primero Cultura impulsó un real decreto que retiró ante el rechazo de buena parte del sector, después Trabajo lo intentó por la misma vía y el Consejo de Estado consideró que cambios de ese calado afectaban a derechos fundamentales y exigían una ley. Según Qconciertos, el texto permitía «la creación de contenidos con relación a la imagen, la voz o los resultados de la actividad contratada a la persona artista», siempre que el uso se limitara al objeto del contrato.
La Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos vuelve a quedar en el cajón. Anunciada en 2022 por el entonces ministro de Cultura, Miquel Iceta, debía encargarse de supervisar y regular a las entidades de gestión colectiva como SGAE o DAMA, además de representar al sector en la negociación internacional, especialmente en la Unión Europea, según recuerda El País.
El Estatuto del Artista, en cambio, no se detiene en su vertiente laboral. El Real Decreto 607/2026, que regula la relación laboral especial de los artistas y del personal técnico y auxiliar, se publicó en el BOE el 25 de julio y entrará en vigor el 25 de mayo de 2027, por lo que no depende de las Cortes. Como informó IM, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo Estatuto del Artista en julio, aunque los sindicatos lamentaron que se quedara fuera la protección frente a la IA.
Lo que sí queda en suspenso son dos medidas para los trabajadores por cuenta propia que debían aprobarse dentro de la ley del cine. La primera, una cuota de autónomos hiperreducida de 167 euros al mes, aprobada en 2023 para ingresos netos de hasta 3.000 euros anuales, cuyo umbral se elevaba a 4.000 euros. La segunda, una prestación por cese de actividad de 600 euros al mes durante dos meses. Según El País, el Ministerio de Seguridad Social acababa de dar su visto bueno a ambas tras largas negociaciones.
El sector reclama ahora rapidez al próximo Ejecutivo. «Lamentablemente, ni éste, ni otros proyectos cruciales para el sector como los que trataban de trasponer el reglamento europeo de servicios digitales o la materia sobre el uso de la IA en el ámbito cultural, han conseguido materializarse y eso impone una urgencia aún mayor para la próxima legislatura», declaró a Europa Press Carlota Navarrete, directora de la Coalición de Creadores, en declaraciones recogidas por Infobae. Desde las salas, Isaac Vivero, presidente de ACCES, agradeció la «cercanía nunca antes vista» del ministro Ernest Urtasun y advirtió: «Podríamos ver multitud de cierres sin políticas adecuadas que pongan el foco en el apoyo a la escena musical de base». Entre sus propuestas, una aportación simbólica por cada entrada vendida en grandes eventos y la recuperación de las ayudas a la programación de salas.
El resultado es un calendario incierto para la industria musical española. Mientras el reglamento europeo de inteligencia artificial avanza en su aplicación, España seguirá sin un marco propio que regule el uso de la voz y la imagen de los intérpretes, y la supervisión de las entidades de gestión continuará sin el organismo previsto. El próximo Gobierno tendrá que decidir si recupera los textos tal como estaban o empieza de nuevo, una decisión que marcará los plazos de cualquier nueva aprobación.
