El departamento gubernamental acusa a Live Nation y a su filial Ticketmaster de conducta anticompetitiva, y ha solicitado al tribunal que obligue a Live Nation a vender el negocio de Ticketmaster que adquirió en 2010.
En el momento de la fusión de Live Nation y Ticketmaster, la compañía acordó un decreto de consentimiento con el Departamento de Justicia que regulaba cómo trabajarían juntos los diferentes aspectos del negocio para aliviar las preocupaciones de competencia. El Departamento de Justicia considera que la compañía violó ese decreto.
La acción legal del gobierno, afirma el accionista John Williams, «dañará y perjudicará gravemente» a Live Nation y a sus accionistas. De hecho, solo responder y luchar contra la acción es costoso para la compañía de música en vivo, señala la demanda de Williams, agregando que «Live Nation ha gastado y seguirá gastando sumas significativas de dinero».
Esto es culpa de los miembros de la junta, alega Williams, porque tras la fusión de Live Nation y Ticketmaster «continuaron causando que Live Nation participara en conductas anticompetitivas en desafío del decreto de consentimiento». Al hacerlo, dice, «incumplieron sus deberes fiduciarios» hacia los accionistas de la compañía.
Cuando se supo que el Departamento de Justicia estaba investigando a la compañía, agrega Williams, la junta «tergiversó a los accionistas de la compañía y al público inversionista» diciendo que estaban «cooperando con los investigadores federales, cuando en realidad sucedía lo contrario: Live Nation estaba intentando activamente frustrar las investigaciones federales y no estaba cooperando con ellas».
La demanda también explica cómo el litigio del Departamento de Justicia «detalla muchos correos electrónicos internos y correspondencia entre Live Nation y otros que demuestran las flagrantes violaciones antimonopolio«. Eso incluye correspondencia entre Live Nation y Oak View, el operador de recintos cofundado en 2015 por Leiweke y el ex presidente de Live Nation, Irving Azoff.
«Live Nation inicialmente veía a Oak View Group como una de sus mayores amenazas competidoras», afirma la demanda de Williams. «Pero en lugar de competir, las compañías coludieron entre sí para evitar la competencia», acordando un «esquema mutuamente beneficioso» para violar la ley de competencia y «aumentar las ganancias a expensas de los consumidores».
Williams alega que Oak View y Leiweke «ayudaron e instigaron» a los miembros de la junta de Live Nation, con el CEO de Oak View incluso «llamando a su compañía un ‘proxeneta’ y un ‘martillo’ para Live Nation» y «a veces entregando amenazas en nombre de Live Nation a los recintos que estaban considerando dejar Ticketmaster por otro proveedor de boletos».
Los acusados aún no han respondido a la nueva demanda, aunque Live Nation ha negado rotundamente todas las acusaciones de conducta anticompetitiva hechas por el Departamento de Justicia. Y, si la compañía puede probar que no ha habido conducta anticompetitiva, sería imposible responsabilizar a los miembros de la junta por cualquier incumplimiento de deber.
