El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 5 de octubre la convocatoria de elecciones generales, formalizada en el Real Decreto 806/2026, que disuelve el Congreso y el Senado. Con la disolución decaen los textos en tramitación. Según El País, la legislatura se cierra sin leyes del ámbito cultural: también cae la Ley del Cine y la Cultura Audiovisual, cuya ponencia acababa de arrancar en la Comisión de Cultura.

El caso de la inteligencia artificial es el que más afecta a la música. El anteproyecto acababa de salir a audiencia pública y era, según El País, el tercer intento del Gobierno en este terreno: primero Cultura impulsó un real decreto que retiró ante el rechazo de buena parte del sector, después Trabajo lo intentó por la misma vía y el Consejo de Estado consideró que cambios de ese calado afectaban a derechos fundamentales y exigían una ley. Según Qconciertos, el texto permitía «la creación de contenidos con relación a la imagen, la voz o los resultados de la actividad contratada a la persona artista», siempre que el uso se limitara al objeto del contrato.

La Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos vuelve a quedar en el cajón. Anunciada en 2022 por el entonces ministro de Cultura, Miquel Iceta, debía encargarse de supervisar y regular a las entidades de gestión colectiva como SGAE o DAMA, además de representar al sector en la negociación internacional, especialmente en la Unión Europea, según recuerda El País.

El Estatuto del Artista, en cambio, no se detiene en su vertiente laboral. El Real Decreto 607/2026, que regula la relación laboral especial de los artistas y del personal técnico y auxiliar, se publicó en el BOE el 25 de julio y entrará en vigor el 25 de mayo de 2027, por lo que no depende de las Cortes. Como informó IM, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo Estatuto del Artista en julio, aunque los sindicatos lamentaron que se quedara fuera la protección frente a la IA.

Lo que sí queda en suspenso son dos medidas para los trabajadores por cuenta propia que debían aprobarse dentro de la ley del cine. La primera, una cuota de autónomos hiperreducida de 167 euros al mes, aprobada en 2023 para ingresos netos de hasta 3.000 euros anuales, cuyo umbral se elevaba a 4.000 euros. La segunda, una prestación por cese de actividad de 600 euros al mes durante dos meses. Según El País, el Ministerio de Seguridad Social acababa de dar su visto bueno a ambas tras largas negociaciones.

El sector reclama ahora rapidez al próximo Ejecutivo. «Lamentablemente, ni éste, ni otros proyectos cruciales para el sector como los que trataban de trasponer el reglamento europeo de servicios digitales o la materia sobre el uso de la IA en el ámbito cultural, han conseguido materializarse y eso impone una urgencia aún mayor para la próxima legislatura», declaró a Europa Press Carlota Navarrete, directora de la Coalición de Creadores, en declaraciones recogidas por Infobae. Desde las salas, Isaac Vivero, presidente de ACCES, agradeció la «cercanía nunca antes vista» del ministro Ernest Urtasun y advirtió: «Podríamos ver multitud de cierres sin políticas adecuadas que pongan el foco en el apoyo a la escena musical de base». Entre sus propuestas, una aportación simbólica por cada entrada vendida en grandes eventos y la recuperación de las ayudas a la programación de salas.

El resultado es un calendario incierto para la industria musical española. Mientras el reglamento europeo de inteligencia artificial avanza en su aplicación, España seguirá sin un marco propio que regule el uso de la voz y la imagen de los intérpretes, y la supervisión de las entidades de gestión continuará sin el organismo previsto. El próximo Gobierno tendrá que decidir si recupera los textos tal como estaban o empieza de nuevo, una decisión que marcará los plazos de cualquier nueva aprobación.

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Por un lado los datos muestran independencia, éxito y una importante cifra de actividades, asistentes y profesionales que trabajan en la organización de conciertos en las salas y por otro, los datos revelan gran diversidad en las salas, modelos de negocio frágiles y muchos retos.

Las salas de conciertos que conformanLa asociación estatal de salas de conciertos de España (ACCES) facturaron más de 25 millones de euros. Los ingresos derivados de las barras y catering suponen la vía de financiación más importante para nuestras salas.

Este estudio arroja importantes resultados que servirán para incrementar el apoyo y el conocimiento de la música en directo y la importancia de las salas base o “grassroots”: salas de pequeño o mediano formato, que funcionan como cantera artística de la industria musical. Aunque ACCES tiene salas asociadas de gran formato que superan las 1.000 personas de aforo, la capacidad media de sus salas es de 200 a 300 personas con una gran diversidad de actividades. 

Tan sólo el 11% de las salas presentan música como la única realizada. El 89% restante compaginan los conciertos con otro tipo de actividades culturales, (cine, teatro, danza, exposiciones…) sociales o de formación. 

Más de dos millones de asistentes al año

Una vez analizados los resultados obtenidos, se ha estimado que el total de actividades llevadas a cabo en las salas es superior a 13.000 conciertos al año, con más de 19.000 actuaciones de artistas o bandas, ya que en ocasiones una misma actividad musical puede conllevar varias actuaciones, por ejemplo banda principal y telonero. 121 conciertos es la media de actividades musicales por sala al año. Lo que supondría un cálculo aproximado de 10 conciertos al mes.

El total de asistentes a las salas de conciertos asociadas a ACCES es superior a los dos millones de personas al año (2.3 millones) con un promedio anual de más de 21.000 asistentes por sala, este dato de asistencia es indicativo del valor que suponen estas actividades musicales en la vida cultural de las ciudades. 6,34 euros es el precio medio de la entrada a una actividad musical o concierto.

En total más de 1.200 personas trabajan en las 110 salas de conciertos, de ellas más de 350 trabajadores realizan su actividad laboral a jornada completa. Las salas de conciertos en nuestro país están dirigidas y gestionadas en su inmensa mayoría por profesionales pagados. Las figuras del voluntario y becario, aunque existen tienen muy poca relevancia al contrario que en otros países europeos donde estas figuras tienen un nivel de penetración mucho mayor.

El total de las salas socias de ACCES factura más de 25 millones de euros al año con una cifra de gasto que supera los 20 millones de euros anuales. Con lo que podríamos cifrar en cinco millones de euros los beneficios obtenidos por el total de nuestras salas. Unos datos que se corresponden con el carácter privado y empresarial que tienen la mayoría de las salas de conciertos en España y que provoca que sus principales vías de financiación para sus sostenibilidad sean el consumo en barras y catering (59%) y la venta de entradas (39%). Las subvenciones (1%) apenas tienen representatividad como fuente de ingresos,  al contrario que en otros países europeos,  donde constituyen la principal vía de financiación de las salas.

Si se comparan los costes directos de programación obtenidos en este estudio con los ingresos obtenidos por la venta de entradas, se puede concluir que los costes de programación suponen el 84% de la venta de entradas, es por ello que las salas socias de ACCES, al no recibir subvenciones ni tener otra fuente principal de ingresos, se ven obligadas a basar en el consumo de barras y catering su modelo de negocio para poder subsistir y hacer frente al resto de gastos que genera una sala de conciertos como por ejemplo los laborales y los del local.

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