Desde junio de 2012 cuatro mil chilenos han sido notificados por efectuar descargas ilegales de música, según informó la Asociación de Productores Fonográficos de Chile (IFPI).

El organismo que agrupa a seis compañías discográficas, lleva un año enviando notificaciones a quienes utilizan el sistemaP2P (peer-to-peer) que permite el intercambio de archivos entre computadores que trabajan en red, considerado ilegal.

De acuerdo a Richard Godoy, gerente de IFPI, explicó que la información es obtenida a través de programas robots que determinan la dirección IP del usuario que hace la descarga y el momento exacto en que esta se efectuó. Esto se informa al proveedor de Internet que a su vez notifica al usuario.

Por el momento sólo se trata de una campaña educativa, agregó Godoy, pero se espera que en un futuro cercano se pueda optar por demandas, como lo permite la ley.

En el 10% de los casos notificados el titular de la dirección IP se contactó con la IFPI para comprometerse a borrar los programas de descarga.

Es curioso como aún tengan pensado implementar sistemas de castigo luego del fracaso de leyes como Hadopi en Francia. Sin embargo, el factor cultural y las consecuencias de cada infracción puede hacer que algunos de estos sistemas lleguen a funcionar. Quizás lo más efectivo es el bloqueo de dichos contenidos.

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Francia despide a la ley Hadopi, la ley llamada también de los «tres avisos»

La efectividad de esta ley desde su puesta en marcha se ha puesto en duda después de un informe realizado por la Comisión de concertación sobre la ley Hadopi (Commission de concertation sur Hadopi). La Comisión de concertación, creada hace justo un año y presidida por el ex presidente de Canal+, Pierre Lescure, ha publicado el llamado informe «Lescure» con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos hasta hoy con la aplicación de esta ley, y a su vez, reducir los costes derivados del rastreo e identificación de usuarios infractores.

El informe, ha sido muy crítico con la falta de resultados obtenidos hasta el momento desde la entrada en vigor de la ley (la industria musical francesa ha seguido decreciendo hasta hoy). Al mismo tiempo que reconoce un descenso en la descarga de archivos P2P, el informe advierte sobre el incremento del uso de nuevas vías de acceso ilegal a contenidos protegidos por el derecho de autor, a las que la ley no hace referencia alguna.

Con todo esto se ha decidido poner fin a una ley excesivamente cara para los resultados obtenidos, ahora bien, mantendrá un sistema de sanciones económicas que podrán llegar hasta los 1500€.

Con el informe Lescure, la ministra de cultura, Aurélie Filippetti, ha señalado la introducción de un pequeño canon a los fabricantes y comerciantes de aparatos que puedan reproducir texto, vídeo o música.

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