Demanda de discográficas contra el Internet Archive pasa al ámbito privado
Las principales discográficas estadounidenses han decidido trasladar su demanda de $400 millones contra el Proyecto Great 78 del Internet Archive a un proceso de resolución alternativa de disputas (ADR). Este cambio marca un nuevo capítulo en la controversia que rodea la digitalización y preservación de grabaciones históricas.
El Proyecto Great 78, una iniciativa del Internet Archive, ha digitalizado más de 400,000 grabaciones originalmente publicadas en discos de 78 rpm. Su objetivo declarado es preservar estas piezas musicales antiguas, incluyendo sus imperfecciones, para beneficio de académicos y generaciones futuras. Sin embargo, este noble propósito ha chocado frontalmente con los intereses de gigantes de la industria musical como Universal Music y Sony Music.
Las discográficas argumentan que la digitalización y distribución de estas grabaciones infringe los derechos de autor. Sostienen que los «ruidos, crujidos y estallidos» desarrollados con el tiempo no otorgan al Internet Archive el derecho de copiar y distribuir masivamente este material protegido. Además, afirman que estos «defectos» no representan un registro histórico valioso, sino simplemente la degradación natural de un formato físico obsoleto.
Por su parte, el Internet Archive ha presentado una defensa basada en dos puntos principales. Primero, alegan que algunas de las reclamaciones están fuera del plazo de prescripción de tres años. Argumentan que la RIAA (Asociación de la Industria Discográfica de América) estaba al tanto de la supuesta infracción desde julio de 2020, cuando envió una carta de cese y desistimiento, pero la demanda no se presentó hasta tres años después.
Segundo, el Internet Archive sostiene que su archivo se ajusta perfectamente a la doctrina de uso justo contemplada en la Ley de Derechos de Autor. Afirman que su labor de preservación tiene un valor histórico y educativo significativo que justifica la digitalización y distribución de estas grabaciones.
La jueza Maxine Chesney, tras rechazar varias mociones de desestimación, ha remitido el caso a ADR privado. Esta decisión podría llevar a meses de negociaciones y discusiones entre las partes antes de alcanzar una resolución.
Este caso plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre la preservación cultural y los derechos de propiedad intelectual en la era digital. ¿Hasta qué punto debe permitirse la digitalización de obras protegidas en aras de la preservación histórica? ¿Cómo se puede conciliar el interés público en el acceso a la herencia cultural con los derechos económicos de los creadores y titulares de derechos?
La resolución de esta disputa podría sentar un precedente importante para futuros proyectos de digitalización y preservación. También podría influir en cómo se interpreta la doctrina de uso justo en el contexto de la preservación digital de obras antiguas.
