Gobierno de España crea la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos
El 27 de diciembre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley para la creación de la Oficina de Derechos de Autor y Conexos. Esta oficina, creada a imagen y semejanza de la arquitectura institucional de otros países europeos, como Francia o Portugal, es una de las medidas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España en el marco del despliegue de la European Next Generation.
Según el blog de UNISON Rights, en los últimos años la actividad relacionada con los derechos de autor y derechos conexos está en constante evolución, con un incremento en el uso de plataformas digitales, el uso de NFTs (Non Fungible Tokens) y la aparición de la Inteligencia Artificial como herramienta para la creación de nuevas obras, entre otros. Esto ha llevado a una mayor complejidad en cuanto al abordaje normativo de estos derechos y también ha generado disfuncionalidades en la gestión de estos derechos.
La creación de la oficina busca enfrentar estos desafíos mediante la creación de un organismo especializado con presupuesto propio y las herramientas necesarias para garantizar una efectiva protección y promoción de los derechos de autor y derechos conexos en consonancia con su constante evolución.
Se espera que esta oficina tenga un impacto significativo en la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos. En este sentido, adoptará las funciones que actualmente desempeña la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura y Deporte, tales como otorgar y revocar autorizaciones para la constitución de sociedades de gestión colectiva, emitir apercibimientos y medidas cautelares y, en general , supervisión sectorial de los operadores de propiedad intelectual, asegurando que cumplan con sus obligaciones legales y contractuales y ayudando a resolver disputas entre sociedades y titulares de derechos.
En definitiva, la creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos es un paso necesario para afrontar los retos y oportunidades en la regulación de los derechos de autor y conexos en España y sin duda tendrá un impacto significativo en la gestión colectiva de estos derechos. Se trata de una medida estratégica que reforzará la posición de España en este campo, mejorará la economía y el mercado laboral, así como fomentará el desarrollo de las industrias culturales en el país.
