Live Nation responde a la demanda antimonopolio del Departamento de Justicia de EEUU
En medio de la controversia generada por la demanda presentada por el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, Dan Wall, vicepresidente ejecutivo de asuntos regulatorios de Live Nation, ha defendido con firmeza la integridad de la compañía. Wall insiste en que no existe un «argumento de buena fe» para dividir Live Nation y Ticketmaster, que se fusionaron en 2010, a pesar de las acusaciones de monopolización del mercado y prácticas anticompetitivas.
La demanda del DOJ alega que Live Nation y Ticketmaster han utilizado una serie de tácticas para eliminar la competencia y monopolizar los mercados, incluyendo la adquisición de competidores, la restricción del acceso de artistas a recintos, y la implementación de contratos exclusivos que bloquean a los recintos de usar múltiples empresas de venta de entradas. Además, la demanda acusa a la empresa de explotar su relación con el gigante de recintos Oak View Group (OVG).
La reacción del mercado fue inmediata, con una caída en el precio de las acciones de Live Nation tras el anuncio del DOJ. Sin embargo, el precio se estabilizó posteriormente. En una llamada con inversores, Joe Berchtold, presidente y director financiero de Live Nation, expresó su sorpresa por la falta de resolución con el DOJ antes de la presentación del caso en el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York. Berchtold señaló que no veía los problemas planteados por el DOJ como estructurales o fundamentales para la naturaleza de la empresa, sino como prácticas comerciales discretas que esperaban resolver sin necesidad de una separación.
Una de las principales áreas de desacuerdo entre Live Nation y el DOJ radica en la definición de competencia en el mercado. Berchtold argumentó que la competencia debe centrarse en la promoción con el artista como consumidor, donde los artistas negocian con múltiples postores para obtener los mejores servicios. En contraste, el DOJ se enfoca en responsabilizar a la empresa por las tarifas de servicio y los precios de las entradas, a pesar de que estos no son determinados unilateralmente por Live Nation.
Dan Wall, con más de 12 años como asesor clave de la empresa antes de unirse oficialmente el año pasado, aludió a la declaración del fiscal general de los EEUU, Merrick Garland, sobre la necesidad de separar Live Nation y Ticketmaster. Wall argumentó que las preocupaciones actuales ya habían sido consideradas por la administración de Obama hace 15 años y cubiertas por un decreto de consentimiento. Según él, no hay una base sólida para la separación propuesta, y sugirió que la intención detrás de la demanda era obtener grandes titulares.
Además, Wall criticó la demanda del DOJ de un juicio con jurado, considerándolo un «truco» para evitar el escrutinio judicial. Argumentó que históricamente, los casos antimonopolio han sido juzgados por jueces, y que buscar un juicio con jurado envía un mensaje incorrecto al juez encargado del caso.
En cuanto al plazo del caso, Wall indicó que Live Nation se compromete a acelerar el proceso, esperando llevar el caso a juicio en un año o un año y medio. También abordó la incertidumbre de cómo un posible cambio de administración en los EEUU, con Donald Trump regresando a la Casa Blanca, podría influir en la demanda, destacando que el futuro dependerá en gran medida de los nombramientos específicos en puestos clave.
El DOJ también ha cuestionado la relación entre Live Nation y OVG, sugiriendo que han evitado competir entre sí y han consolidado la dominancia de Live Nation. Wall respondió que OVG es una empresa de gestión de recintos y no un promotor de conciertos, y que sus acciones son consistentes con las de otras grandes arenas y estadios.
Finalmente, un artículo de Variety plantea la cuestión de si la separación de Live Nation y Ticketmaster mejoraría la experiencia de los asistentes a conciertos. Jem Aswad, autor del artículo, concluye que, a corto plazo, la respuesta es negativa. Las principales quejas de los fans, como las tarifas de servicio, los largos tiempos de espera y los bots que compran entradas, no están directamente relacionadas con la demanda del DOJ.
