Un hito significativo en este esfuerzo se produjo recientemente con la firma del primer tratado internacional jurídicamente vinculante sobre inteligencia artificial. Liderado por el Consejo de Europa y respaldado por potencias como Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, este acuerdo representa un paso crucial hacia una gobernanza global de la IA.

Salvaguardas clave y desafíos pendientes

El tratado se centra en tres pilares fundamentales: la protección de los derechos humanos, la defensa de la democracia y el fortalecimiento del estado de derecho. En concreto, busca garantizar que los sistemas de IA no perpetúen la discriminación, respeten la privacidad de los individuos y no socaven las instituciones democráticas.

Sin embargo, a pesar de este importante avance, persisten desafíos significativos. Uno de los más acuciantes es la rápida evolución de la IA. Las tecnologías emergentes, como la IA generativa, plantean nuevas preguntas sobre la propiedad intelectual, la responsabilidad y la autenticidad. La industria musical, por ejemplo, ha expresado una creciente preocupación por el uso no autorizado de las voces y las obras de los artistas.

Australia: Un caso de estudio

Australia ha respondido a estos desafíos proponiendo un conjunto de diez salvaguardas obligatorias para la IA de alto riesgo. Si bien estas medidas abordan cuestiones importantes como la transparencia y la gestión de datos, no abordan de manera explícita los problemas de derechos de autor que preocupan a la industria musical.

El gobierno australiano ha reconocido esta brecha y ha señalado que se están llevando a cabo análisis adicionales para determinar cómo las leyes de derechos de autor pueden interactuar con las nuevas regulaciones de IA. Esta decisión refleja el complejo entramado de intereses y consideraciones que deben equilibrarse al desarrollar una regulación efectiva de la IA.

El Camino por Delante

La firma del tratado internacional y las propuestas de Australia marcan el comienzo de una nueva era en la gobernanza de la IA. Sin embargo, es importante reconocer que este es solo un primer paso. A medida que la tecnología continúa avanzando, los gobiernos, las empresas y la sociedad civil deberán trabajar juntos para desarrollar marcos regulatorios más sólidos y adaptables.

La clave para el éxito estará en encontrar un equilibrio entre la innovación y la protección. La IA tiene el potencial de transformar nuestras vidas de manera positiva, pero es esencial garantizar que este potencial se aproveche de manera responsable y ética.

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La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea dio su último paso legislativo ayer con una votación positiva de un comité del Parlamento Europeo por un proyecto de ley cuyos objetivos principales son «garantizar que los sistemas de IA sean supervisados por personas, sean seguros, transparentes, trazables, no discriminatorios y respetuosos con el medio ambiente».

Se trata de todo el abanico de aplicaciones para la IA, la mayoría de las cuales tienen poco que ver con la música. Por ejemplo, la ley prohibiría el uso intrusivo de sistemas de IA como la predicción de la policía, la identificación biométrica en tiempo real y los sistemas de reconocimiento de emociones en ciertos contextos.

Sin embargo, las nuevas normas también incluirían requisitos de transparencia para los modelos de IA generativos: «divulgando que el contenido fue generado por IA, diseñando el modelo para evitar que genere contenido ilegal y publicando resúmenes de los datos con derechos de autor utilizados para el entrenamiento».

Los titulares de los derechos de la música y sus organismos representativos aprobarán la legislación. En la llamada de ganancias de WMG a principios de esta semana, el CEO Robert Kyncl señaló la legislación europea como un desarrollo positivo que su compañía apoyaría. Mientras tanto, la sociedad de autores europeos GESAC fue la primera en dar la bienvenida a la legislación en su proyecto actual de borrador.

«La obligación de transparencia en los modelos base y los sistemas de IA generativos es clave tanto para que el público comprenda cómo se genera el contenido por IA como para que los creadores vean si se utilizan sus obras protegidas sin autorización», dijo la directora general Véronique Desbrosses.

Sin embargo, como señaló, esta legislación aún no está terminada: hay más votos, más enmiendas y casi con seguridad mucho más lobby aún por venir antes de que la ley sea aprobada. Su progreso será seguido de cerca tanto por la industria musical como por los responsables políticos de todo el mundo.

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Estas tarifas a menudo se presentan en forma de cargos por servicio, cargos por procesamiento y cargos por instalaciones, lo que infla significativamente los precios de los boletos más allá de su valor nominal.

El problema había alcanzado proporciones tan grandes que había obligado a los legisladores a intervenir finalmente en un esfuerzo por poner fin a esta práctica opaca e injusta. Ahí es donde entra en juego la Ley de Protección de Tarifas Basura (Junk Fee Protection Act, JFPA).

Esta legislación promete brindar la tan necesaria transparencia y justicia a la industria de la venta de entradas, mejorando significativamente la experiencia de conciertos para millones de fanáticos.

La Ley de Protección de Tarifas Basura abordará estos problemas de larga data regulando las tarifas impuestas en los boletos de conciertos, teóricamente haciéndolas más transparentes. Esto se logra mediante las siguientes disposiciones clave:

1- Transparencia de tarifas: Ahora se requiere que los vendedores de entradas divulguen todas las tarifas por adelantado, asegurando que los consumidores estén al tanto del costo total de un boleto antes de comprarlo. Esto evita la desagradable sorpresa de cargos ocultos que a menudo surgen durante las etapas finales del proceso de compra, algo que a todos los asistentes a eventos les disgusta.

2. Justificación de tarifas: Los vendedores de entradas deben proporcionar una explicación clara y concisa para cada tarifa que cobran, ayudando a los consumidores a comprender lo que están pagando y por qué. Esto desalienta la imposición de tarifas arbitrarias que carecen de una base razonable.

3. Límites de tarifas: La JFPA impone un límite en el monto total de tarifas que se pueden cobrar por un solo boleto. Esto evita que los vendedores de entradas inflen los precios excesivamente y garantiza un campo de juego más nivelado para los consumidores.

4. Sanciones: Las empresas que violen las disposiciones de la JFPA pueden enfrentar multas significativas, lo que proporciona un fuerte incentivo para que los vendedores de entradas cumplan con las nuevas regulaciones.

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Los cargos por procesamiento de boletos representan una parte de la iniciativa general, que también tiene como objetivo otras tarifas escondidas en otros sectores del comercio, incluidos los cargos por pagos atrasado de tarjetas de crédito.

Con respecto a los detalles de la propia Ley de Prevención de Tarifas Basura, el presidente indicó que la legislación “prohibiría cuatro de los cargos más frustrantes que enfrentan los estadounidenses”. Dichos cargos se refieren a tarifas por seleccionar asientos específicos en vuelos, tarifas de resort de hoteles, multas por terminación anticipada (para servicios de cable, internet y celular por igual) y, por supuesto, tarifas de entradas a conciertos. 

El presidente dijo que esta Ley «debe reducir las enormes tarifas de servicio que compañías como Ticketmaster aplican a las entradas para conciertos o eventos deportivos que fácilmente pueden sumar cientos de dólares a una noche familiar”,  después de una audiencia en el Senado sobre la competencia en el sector del entretenimiento en vivo.

Durante esta audiencia, el director financiero de Live Nation, Joe Berchtold, culpó directamente a los demás por las tarifas de las entradas. “No decidimos cuántos boletos salen a la venta y cuándo, y no establecemos tarifas de servicio”, dijo Berchtold en una larga declaración de apertura. “Las estrategias de precios y distribución están determinadas por los artistas y sus equipos. Las tarifas de servicio, incluso si se denominan tarifas de emisión de boletos, las retienen principalmente los recintos. Y la parte de la tarifa de servicio que retiene Ticketmaster ha ido cayendo constantemente con el tiempo”.

Por supuesto, la represión de las tarifas de boletos llega cuando Ticketmaster y su matriz Live Nation continúan lidiando con un escrutinio regulatorio más amplio y críticas de los fanáticos. Una parte sustancial de este retroceso se debió al fiasco de preventa de Taylor Swift Eras Tour, aunque los legisladores y los clientes habían estado criticando a las compañías (que también enfrentan una investigación antimonopolio del Departamento de Justicia) incluso antes del episodio.

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El texto aprobado es el que sigue: «el Artículo 13 impone a los proveedores de información al servicio de la sociedad el almacenamiento y acceso a grandes cantidades de obras y otros contenidos subidos por sus usuarios para tomar las medidas apropiadas y proporcionadas para garantizar el funcionamiento de los acuerdos concertados con los titulares de los derechos y evitar la disponibilidad de servicios y contenido identificados por esos titulares de derechos en cooperación con los proveedores del servicio». Esto significa que los portales serán los responsables de penalizar los contenidos que infrinjan la Ley de Copyright y los acuerdos con los propietarios de derechos fijados previamente.

El Artículo 13 ha sido criticado por ambas posiciones desde hace meses. Aquellos a favor defienden que ahora se eliminará la brecha de valor en el pago de royalties por las plataformas que se beneficiaban del vacío legal –como YouTube– y aquellos que no lo hacían, como Spotify y Apple Music. Las opiniones en contra centran sus argumentos en la libertad de expresión de Internet tal y como lo conocemos, y los portales podrían verse obligados a filtrar con grandes restricciones todas aquellas obras o contenido que podría estar protegido por los derechos de autor. Esto además crea una desventaja para los competidores de los gigantes como Google y YouTube: mientras que estos últimos ya han desarrollado la tecnología ContentID para cumplir con la legislación, los primeros podrían no alcanzar los mismos medios para ajustarse a este nuevo panorama. En líneas generales, la nueva ley y el artículo concretamente, enfrenta posiciones entre los poseedores de derechos en música y otros contenidos culturales, y las compañías tecnológicas y activistas que han estado haciendo campaña en contra desde que el borrador fue anunciado.

Entre las reacciones en el día de hoy, se celebra el gran resultado que supone esta ley para creadores, la industria de la música y la cultural en Europa, mientras que se discuten las limitaciones sobre contenidos paródicos, memes en Internet y los límites sobre la libertad de expresión y publicación en línea.

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En días pasados la  Asociación de Promotores Musicales (APM) emitió un comunicado tras la deficiente organización de algunos festivales y eventos. En éste enfatizan la importancia de tener una regulación en el sector que garantice la validación profesional de los implicados en la industria. Ante esa solicitud nos hicimos la pregunta cómo ejercer dicha regulación, ya que la mayoría, por no decir todos los que están dirigiendo las grandes promotoras se formaron bajo el ensayo y el error.

En esta ocasión y a manera de respuesta casi directa, la APM expone hoy en su web, lo que parece ser una primera aproximación muy en la línea de la idea inicial propuesta por este medio

La normalización de la industria pasa por la presencia de profesionales acreditados detrás de la organización de eventos. Por ello, se deben fijar criterios que sirvan para validar a los profesionales que organizan festivales, conciertos o giras en España. Ya sea a través de criterios en base a los años de experiencia en el sector u otros acordados entre las distintas partes implicadas.

En este sentido, es necesario definir las distintas categorías profesionales que forman parte, no solo de la música en vivo, sino de cualquier evento cultural. Desde programadores hasta promotores.

A largo plazo, el futuro pasa por la creación de un título acreditativo del profesional del sector, a través de un programa de formación o plan de estudios que fije el protocolo de actuación y garantice la preparación de los profesionales de la cultura. De nuevo, su grado de incidencia debe ser alto, entrando en la formación de administradores de salas, promotores musicales y programadores de otro tipo de espectáculos. En la actualidad existen grados universitarios que marcan el camino a seguir. El siguiente paso debe ser la unificación de criterios y creación de un plan de estudios común.

En este sentido la APM hace un llamado al ministerio de Cultura para abordar esta cuestiones, pues entienden que abogan por la mejor praxis del sector y van en beneficio de todos los entes implicados: la industria, los espectadores y la administración.

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«La APM insiste en la necesidad de incrementar la regulación del sector y asegurar la presencia de profesionales acreditados en la organización de eventos musicales para evitar situaciones como la acontecida, que manchan la reputación de la música en vivo en España. Ante estos hechos, la APM considera que:

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