Se espera que Bytedance tome acciones legales esta semana
La propietaria de TikTok, Bytedance, ha confirmado que demandará al gobierno estadounidense por las órdenes ejecutivas de Donald Trump que prohibirán efectivamente el uso de la aplicación para compartir videos dentro de los EEUU a partir del 15 de Septiembre. Se espera que la demanda se presente esta semana, según reporta CMU.
A principios de este mes, Trump emitió una orden en la que decía que a los ciudadanos y empresas estadounidenses se les prohibiría realizar transacciones con TikTok y Bytedance a partir del 15 de septiembre. Luego siguió una orden separada exigiendo que Bytedance venda sus activos en EEUU antes del 12 de noviembre.
Las conversaciones ya estaban en curso sobre una posible venta del negocio de TikTok en los EEUU y tal vez en otros territorios, antes de que se emitieran esas órdenes. Sin embargo, el establecimiento de una fecha límite inminente por parte de Trump fortalece la mano negociadora de posibles postores, como Microsoft, mientras que el presidente y sus aliados han amenazado con interferir en esa transacción de otras formas también.
Por lo tanto, Bytedance tiene una buena razón para desafiar las órdenes de Trump. En particular, dado que la compañía con sede en China continúa negando todas las acusaciones hechas en su contra con respecto a lo que sucede con los datos que recopila sobre su base de usuarios global, y si el gobierno chino tiene o no acceso a esos datos y audiencia.
Habiendo criticado más o menos de inmediato la orden ejecutiva original de Trump, Bytedance emitió otro comunicado durante el fin de semana confirmando que la acción legal era inminente.
Indicó: “Aunque estamos totalmente en desacuerdo con las preocupaciones de la administración, durante casi un año hemos tratado de participar de buena fe para brindar una solución constructiva. Lo que encontramos en cambio fue una falta de debido proceso ya que la administración no prestó atención a los hechos y trató de insertarse en las negociaciones entre empresas privadas”.
“Para asegurar que prevalezca el estado de derecho y que nuestra empresa y los usuarios sean tratados de manera justa”, prosiguió la empresa, “no tenemos más remedio que impugnar la orden ejecutiva a través del sistema judicial”.
