El Departamento de Justicia se opone a la solicitud de retrasar prohibición de TikTok
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 3 de enero una respuesta contundente a la solicitud del expresidente Donald Trump para retrasar la implementación de una ley que exige a ByteDance, empresa matriz de TikTok, vender la aplicación o enfrentar su prohibición en el país.
La legislación, conocida como la Ley para Proteger a los Estadounidenses de Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros, fue aprobada con apoyo bipartidista y firmada por el presidente Joe Biden en abril de 2024. Según sus disposiciones, TikTok debe ser adquirida por una empresa con sede en Estados Unidos antes del 19 de enero de 2025 para continuar operando.
En su presentación ante la Corte Suprema, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que la ley no infringe los derechos de la Primera Enmienda de ByteDance, sus subsidiarias en EEUU o los usuarios de TikTok. Afirmaron que la legislación tiene como objetivo mitigar los riesgos de seguridad nacional asociados con aplicaciones controladas por adversarios extranjeros, y no el contenido expresado en la plataforma.
La postura del gobierno surge en medio de una solicitud de Trump para posponer la fecha límite del 19 de enero, citando la necesidad de una posible “resolución política”. Sin embargo, el Departamento de Justicia sostiene que un retraso sería equivalente a una medida cautelar, lo cual requiere que ByteDance demuestre una alta probabilidad de éxito en su caso. Según los fiscales, la empresa no ha cumplido con ese estándar.
Mientras tanto, ByteDance ha apelado a la Corte Suprema para detener temporalmente la implementación de la ley, argumentando que constituye una violación masiva y sin precedentes a la libertad de expresión. La compañía afirma que la ley apunta injustamente a TikTok, restringiendo los derechos de millones de usuarios y creadores de contenido en la plataforma.
El contexto político del caso añade una capa de complejidad. La prohibición entraría en vigor un día antes de la inauguración de Donald Trump, quien ha adoptado una postura ambivalente. Si bien públicamente ha criticado la prohibición en su red TruthSocial, destacando el éxito de su cuenta en TikTok, su equipo legal busca una extensión del plazo.
La Corte Suprema ha programado los argumentos para mañana 10 de enero, dejando un margen de solo nueve días antes de que la ley entre en vigor. Este caso no solo pone en tela de juicio la relación entre seguridad nacional y libertad de expresión, sino que también plantea interrogantes sobre el papel de plataformas extranjeras en el ecosistema digital estadounidense.
Independientemente del resultado, el caso podría sentar un precedente significativo en la regulación de aplicaciones digitales, subrayando el equilibrio entre proteger la seguridad nacional y garantizar derechos fundamentales en la era digital.
