Según la denuncia presentada en Utah, Crumbl habría utilizado al menos 159 obras musicales protegidas por derechos de autor, pertenecientes al catálogo de WMG, en sus campañas de marketing digital. Entre los artistas afectados figuran nombres de primer nivel como Ariana Grande, Beyoncé, Bruno Mars, Dua Lipa, Lizzo, Mariah Carey y Taylor Swift, entre otros. La discográfica sostiene que Crumbl empleó fragmentos reconocibles -como ganchos o coros- de estas canciones en videos que promocionaban sus productos, sin contar con las licencias correspondientes.

La demanda cita ejemplos concretos: el uso de “Blueberry Faygo” de Lil Mosey en un video para galletas de cheesecake de arándano, “Yellow” de Coldplay para galletas de azúcar amarillas, y “Butter” de BTS para un pastel de mantequilla de Kentucky.

Influencers y marketing viral bajo la lupa

El caso trasciende el uso directo de música en los canales oficiales de Crumbl. Warner Music Group también acusa a la empresa de asociarse con influencers, quienes habrían recibido incentivos económicos o productos gratuitos a cambio de crear y difundir contenido promocional con música protegida. Esta estrategia, clave en el crecimiento viral de Crumbl -que cuenta con casi 10 millones de seguidores en TikTok y una fuerte presencia en Instagram-, habría amplificado el alcance de las supuestas infracciones.

La propia demanda resalta cómo Crumbl habría continuado publicando videos con música protegida incluso después de recibir una carta de cese y desistimiento en 2023. WMG cita un video de enero de 2024 donde la marca reconoce: “Íbamos a hacer un video divertido para promocionar la Galleta Misteriosa, pero el equipo legal dijo que no podemos usar audios en tendencia”.

Reclamaciones y contexto empresarial

Warner Music Group solicita una compensación de hasta 150,000 dólares por cada obra infringida, lo que podría traducirse en daños de hasta 23.85 millones de dólares. Además, pide una orden judicial permanente para impedir que Crumbl siga utilizando su música sin autorización.

Este litigio se produce en un momento clave para Crumbl Cookies. Fundada en 2017 en Utah, la empresa ha experimentado un crecimiento meteórico, superando las 1,000 sucursales y los 29,000 empleados a nivel mundial. Desde enero de 2025, Crumbl explora una posible venta que podría valorar la compañía en cerca de 2,000 millones de dólares, aunque algunos analistas dudan de que alcance esa cifra debido a recientes caídas en ventas promedio por local.

La demanda de WMG contra Crumbl se enmarca en una tendencia creciente de la industria musical de perseguir el uso no autorizado de obras protegidas en redes sociales por parte de marcas y creadores de contenido. Casos similares han involucrado recientemente a grandes cadenas y hoteles, reflejando la importancia de los derechos de autor en el entorno digital.

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Todo comenzó cuando Drake, tras una serie de intentos legales previos, presentó formalmente una demanda por difamación contra UMG en enero de 2025 ante un tribunal federal en Nueva York. En ella, acusa a la discográfica de promover deliberadamente un “mensaje falso y negativo” a través de la canción de Lamar, que lo tilda de “pedófilo certificado” y lo señala como objetivo de ataques públicos y personales. Según el equipo legal de Drake, la campaña de UMG no solo dañó su reputación, sino que también tuvo consecuencias reales: un ataque armado en su residencia, intentos de intrusión y amenazas que lo llevaron a tomar medidas extremas para proteger a su familia.

Drake ha dejado claro que su demanda no está dirigida contra Lamar, sino exclusivamente contra UMG, a quien responsabiliza de explotar y amplificar el contenido difamatorio con fines comerciales, priorizando sus beneficios corporativos por encima del bienestar de sus artistas.

El proceso de descubrimiento: Drake “no tiene nada que ocultar”

La batalla legal ha entrado en una nueva fase con el inicio del proceso de descubrimiento de pruebas, una etapa clave en la que ambas partes deben presentar documentos y testigos relevantes. UMG advirtió públicamente a Drake que “tuviera cuidado con lo que desea”, insinuando que el proceso podría exponerlo legalmente. Sin embargo, el equipo del rapero respondió con firmeza: “Drake da la bienvenida al proceso de descubrimiento y no tiene nada que ocultar. No es Drake quien debería preocuparse; es la actual dirección de UMG”.

El portavoz de Drake fue más allá, señalando que esperan escuchar bajo juramento a los altos ejecutivos de UMG, como Sir Lucian Grainge y John Janick, para esclarecer la verdad detrás de las decisiones promocionales y las prácticas de la compañía. Para el entorno del artista, la verdadera preocupación debería recaer en la cúpula directiva de UMG, no en el propio Drake.

UMG responde y la industria observa

Por su parte, UMG ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas de “falsas, ilógicas y ofensivas”. La discográfica sostiene que “Not Like Us” es una obra artística protegida por la libertad de expresión y que los diss tracks forman parte de una tradición musical basada en la hipérbole y la opinión, no en hechos verificables. Además, UMG ha intentado frenar el proceso de descubrimiento, aunque la justicia ha fallado a favor de Drake, permitiendo que la investigación avance.

El caso ha puesto en el centro del debate el poder de las grandes discográficas, la responsabilidad sobre el contenido que promueven y la delgada línea entre la libertad artística y la difamación. Mientras tanto, Drake insiste en que su objetivo no es solo limpiar su nombre, sino exigir transparencia y responsabilidad a la mayor compañía musical del mundo, sumándose a un coro creciente de artistas que cuestionan el liderazgo y las prácticas de UMG.

La batalla legal entre Drake y UMG está lejos de resolverse y promete sentar precedentes sobre los límites de la promoción musical, la protección de la reputación y la rendición de cuentas en la industria. Drake, seguro de no tener “nada que ocultar”, desafía a UMG en busca de la verdad y la responsabilidad, mientras el mundo observa cómo se desenvuelve este enfrentamiento sin precedentes.

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El conflicto con la cláusula MFN

Las cláusulas MFN son comunes en los acuerdos de licencias digitales y garantizan que, si una plataforma firma un contrato más favorable con otra compañía, debe ofrecer los mismos términos al primer socio. En este caso, Merlin descubrió que Triller había firmado un acuerdo más ventajoso con Sony Music tras la demanda de esta última en 2022 por regalías impagas.

Merlin notificó a Triller que este nuevo contrato activaba la cláusula MFN y exigió un pago adicional. Tras negociaciones en 2022, ambas partes acordaron que Triller debía $2.55 millones a Merlin. Sin embargo, pese a múltiples solicitudes, el pago nunca se realizó.

Historial de problemas legales

Esta no es la primera vez que Triller enfrenta problemas financieros con empresas musicales. Universal Music Group (UMG) y Sony Music también han demandado a la plataforma por regalías impagas. En el caso de Sony, Triller pagó más de $4.5 millones para resolver el conflicto, mientras que la disputa con UMG resultó en un acuerdo financiero similar.

Además, otras entidades como Wixen Music Publishing, los productores Timbaland y Swizz Beatz, y la consultora Phiture han presentado demandas contra Triller por incumplimientos contractuales. Estos conflictos han dañado significativamente la relación de la plataforma con la industria musical.

En medio de estas controversias, Triller ha intentado reposicionarse en el mercado. En octubre de 2023, nombró a Kevin McGurk como su nuevo CEO e inició un proceso de transformación enfocado en videos verticales, deportes y música. Una de sus apuestas principales es el Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), su campeonato de boxeo sin guantes.

Sin embargo, los problemas financieros persisten. La reciente fusión de Triller con AGBA en 2023 generó una segunda queja en la demanda de Merlin: el incumplimiento en la emisión de opciones sobre acciones prometidas tras el acuerdo corporativo. A pesar de las solicitudes de Merlin desde octubre de 2024, Triller no ha cumplido con esta obligación.

Triller se encuentra en una posición complicada. Su incapacidad para cumplir compromisos financieros y legales amenaza su credibilidad en un mercado competitivo. Mientras intenta reinventarse y diversificar su oferta, las demandas acumuladas podrían obstaculizar sus planes de crecimiento y consolidación como alternativa viable a TikTok.

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El contexto del caso

En octubre de 2023, Universal Music Group, Concord y ABKCO, entre otras editoriales importantes, presentaron una demanda contra Anthropic alegando que la empresa había utilizado letras protegidas por derechos de autor para entrenar su modelo de IA, Claude, sin autorización. Según las editoriales, esta práctica constituye una infracción tanto en el entrenamiento del modelo como en sus resultados, cuando Claude genera letras idénticas o similares a las originales en respuesta a indicaciones de los usuarios.

La demanda también incluía solicitudes para medidas cautelares preliminares que prohibieran a Anthropic usar letras protegidas en futuros entrenamientos y evitar que Claude generara contenido infractor. Sin embargo, estas solicitudes enfrentaron obstáculos legales significativos.

Decisiones judiciales clave

La jueza Eumi K. Lee desestimó varias reclamaciones relacionadas con infracciones indirectas y vicarias. Para sostener estas acusaciones, las editoriales debían demostrar que un tercero (un usuario de Claude) había infringido directamente los derechos de autor. Sin embargo, no lograron identificar a usuarios específicos que hubieran generado contenido infractor. Aunque presentaron ejemplos de letras generadas por Claude bajo su control, Anthropic argumentó que esto no constituía una infracción directa, ya que las editoriales eran los propietarios legítimos de esas letras.

Además, la solicitud para una medida cautelar sobre el uso futuro de letras en el entrenamiento fue rechazada por ser demasiado amplia e indefinida. Las editoriales querían cubrir no solo las 500 canciones mencionadas inicialmente, sino también todo su catálogo actual y cualquier obra adquirida en el futuro. La jueza consideró esta solicitud vaga e inmanejable, señalando que no se había demostrado cómo evitaría un «daño irreparable», un requisito fundamental para otorgar medidas cautelares.

El debate sobre «Uso Justo»

Un tema central en este caso es si el uso de material protegido por derechos de autor para entrenar modelos de IA puede considerarse «uso justo». Las empresas tecnológicas como Anthropic argumentan que su uso es transformativo y no afecta negativamente al mercado original. Por otro lado, los titulares de derechos sostienen que estas prácticas socavan sus ingresos y constituyen una apropiación indebida de sus obras creativas.

La jueza Lee evitó pronunciarse sobre esta cuestión fundamental en este punto del caso, dejando abierta la posibilidad de futuras decisiones legales más definitorias.

A pesar del revés inicial, las editoriales se mantienen optimistas. En un comunicado conjunto, afirmaron: «Este caso sigue siendo vital para proteger a los creadores del robo masivo de sus obras con derechos de autor por parte de Anthropic y otras empresas de IA». También señalaron que seguirán buscando daños monetarios significativos y desarrollando un registro completo durante el proceso judicial.

Por su parte, Anthropic ha implementado barreras para evitar que Claude genere letras protegidas por derechos de autor mientras el caso avanza. Sin embargo, su postura sigue siendo firme al defender que sus prácticas están dentro del marco legal del «uso justo».

Implicaciones más amplias

Este caso tiene implicaciones profundas para el futuro del derecho de autor en la era digital:

– Precedentes Legales: Podría establecer estándares sobre cómo aplicar las leyes actuales a tecnologías emergentes como la IA.
– Impacto en Creadores: Los resultados podrían obligar a los titulares de derechos a adaptar sus modelos comerciales e implementar nuevas estrategias para proteger sus obras.
– Innovación vs Regulación: Existe un delicado equilibrio entre fomentar avances tecnológicos y garantizar una compensación justa para los creadores.

La industria musical ya enfrenta desafíos económicos derivados del streaming y la digitalización. La IA añade una nueva capa de complejidad al permitir que modelos generen contenido similar al creado por artistas humanos. Esto podría reducir aún más los ingresos por licencias y regalías, especialmente si las herramientas basadas en IA comienzan a reemplazar a compositores y letristas en ciertas áreas.

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El caso contra Dua Lipa

El caso se originó con una demanda presentada por Larball Publishing Company y Sandy Linzer Productions, quienes acusaron a Lipa y sus coautores de copiar elementos de dos canciones disco: Wiggle and Giggle All Night (1979) y Don Diablo (1980). Según los demandantes, la melodía inicial de Levitating era un «duplicado» de estas composiciones. Sin embargo, el fallo emitido el 27 de marzo por la jueza Katherine Polk Failla del Tribunal Federal de Nueva York desestimó estas acusaciones.

La jueza determinó que los elementos compartidos entre las canciones, como una escala descendente en diferentes tonalidades y una nota adicional, no eran protegibles bajo la ley de derechos de autor. Este razonamiento se basó en que dichos elementos son comunes en la música y no constituyen una expresión original susceptible de protección legal.

Los demandantes intentaron ampliar su caso argumentando que otros aspectos, como el «estilo de canto tipo recitación», el tempo y el estilo musical pop con influencia disco, eran suficientes para justificar una infracción. Sin embargo, estos argumentos también fueron rechazados. La jueza Failla señaló que estos elementos carecían de originalidad suficiente y eran demasiado genéricos para ser protegidos. Además, destacó que estilos similares han sido utilizados durante siglos en composiciones clásicas y populares.

En palabras del fallo: “Un estilo musical o una función musical no pueden ser protegibles porque ello impediría por completo el desarrollo futuro de la música en ese género o con ese propósito”.

La influencia del caso Ed Sheeran

El fallo a favor de Dua Lipa se apoyó en un precedente reciente: el caso entre Ed Sheeran y Structured Asset Sales, LLC. En esa disputa, resuelta a favor del cantante británico en noviembre de 2024, se estableció que los «bloques básicos» de la música —como notas, ritmos y acordes— no son protegibles por derechos de autor. La jueza Failla citó este caso como base para rechazar las alegaciones contra Lipa, argumentando que la combinación de elementos genéricos no constituye una obra original protegible.

Este precedente refuerza la idea de que las similitudes entre canciones deben ir más allá de patrones musicales comunes para ser consideradas infracciones legales.

Otras demandas relacionadas con Levitating

La victoria judicial reciente es solo una parte del panorama legal que rodea a la canción. En 2022, Dua Lipa enfrentó otra demanda presentada por la banda Artikal Sound System, quienes alegaron que su canción Live Your Life era sustancialmente similar al éxito de Lipa. Ese caso fue desestimado en 2023 debido a la falta de pruebas que demostraran que los creadores de Levitating tuvieron acceso a la canción del grupo.

Sin embargo, aún queda un litigio pendiente. En 2023, el productor Bosko Kante demandó a Lipa y Warner Music Group alegando el uso no autorizado de una grabación con talkbox en remixes del tema. Este caso continúa activo tras una decisión judicial en septiembre de 2024 que permitió su avance.

Implicaciones para la Industria Musical

El fallo a favor de Dua Lipa subraya la importancia de distinguir entre similitudes genéricas y originales al evaluar casos de derechos de autor. La música pop moderna se basa frecuentemente en estructuras comunes, lo que dificulta establecer límites claros sobre qué puede protegerse legalmente.

Además, esta decisión destaca cómo los precedentes legales recientes están moldeando las disputas por derechos musicales. Casos como los de Ed Sheeran y Dua Lipa ofrecen un marco más definido para proteger tanto a artistas como a compositores frente a acusaciones infundadas.

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La disputa legal surge a raíz del sencillo Not Like Us de Kendrick Lamar, lanzado en mayo de 2024 en el marco de una intensa batalla de rap con Drake. El tema, que se convirtió en un éxito comercial y cultural, contiene una serie de insultos dirigidos a Drake, quien acusa a UMG de promover una narrativa falsa y maliciosa sobre él.

En su presentación judicial, UMG sostiene que Drake inició y participó voluntariamente en esta batalla de rap, y que su demanda es un intento de mitigar el daño a su reputación tras perder el enfrentamiento. La discográfica enfatiza que los diss tracks son una forma de arte reconocida en la cultura del rap y que, dentro de este contexto, las declaraciones contenidas en «Not Like Us» deben interpretarse como hipérbole retórica y opiniones no sujetas a acción legal.

Además, UMG resalta la contradicción en la postura de Drake, quien en 2021 firmó una petición criticando el uso de letras de rap como pruebas literales en procedimientos legales. La compañía argumenta que el propio artista ha utilizado su plataforma para lanzar acusaciones incendiarias contra Lamar, por lo que su demanda ignora el contexto del género y las convenciones de los diss tracks.

Por su parte, el equipo legal de Drake sostiene que UMG no solo permitió la distribución del tema, sino que también se benefició financieramente de su difusión, lo que, según ellos, representa un abuso de poder corporativo. Además, han emprendido acciones legales separadas en Texas, alegando que UMG incurrió en prácticas irregulares para promover «Not Like Us», incluyendo el pago a estaciones de radio para su reproducción sin divulgación adecuada.

Mientras la disputa judicial continúa, Not Like Us sigue consolidándose como uno de los temas más influyentes del año. La canción obtuvo múltiples premios Grammy y fue interpretada por Lamar en el Super Bowl de 2025, alcanzando una audiencia masiva. La decisión del tribunal sobre la moción de UMG podría sentar un precedente importante en la industria musical respecto a la responsabilidad de las discográficas en la distribución y promoción de contenido controvertido.

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